El Gobierno de Chile, liderado por el presidente José Antonio Kast, ha dado un nuevo paso en su política de control fronterizo con la ejecución del tercer vuelo de deportación masiva en lo que va de su mandato. Esta operación se enmarca dentro del denominado “plan de control y reordenamiento migratorio”, una de las promesas centrales de la actual administración para abordar la crisis migratoria que afecta al país austral.
Este domingo, las autoridades chilenas confirmaron la salida de 80 ciudadanos extranjeros, cuya mayoría está integrada por nacionales de Colombia y Bolivia. Según los reportes oficiales, el operativo incluyó tanto expulsiones administrativas (20 casos) como expulsiones judiciales (60 casos), afectando a personas que, en un 40 %, contaban con antecedentes policiales previos.
Logística y seguridad: Un despliegue sin precedentes
La operación de este fin de semana destacó por un nivel de custodia excepcionalmente alto. Ernesto León, jefe nacional de Migraciones y Policía Internacional de la PDI, informó que el operativo requirió el despliegue de 80 funcionarios policiales, garantizando que “cada persona fue custodiada uno a uno” durante todo el trayecto.
Por su parte, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, calificó el evento como un hito administrativo, al ser la primera vez bajo este gobierno que se utiliza un vuelo comercial ocupado en su totalidad por personas sujetas a procesos de expulsión. Pavez enfatizó que, con este grupo, la cifra total de deportados mediante vuelos oficiales asciende a 160 personas enviadas a cinco países distintos, un ritmo que, según el funcionario, no tiene precedentes en administraciones anteriores.
Desglose de las deportaciones en el último operativo:
- Total de personas expulsadas: 80.
- Ciudadanos colombianos: 58.
- Ciudadanos bolivianos: 22.
- Personas con antecedentes policiales: 32.
Balance de 2026: Cifras de un año de endurecimiento
El endurecimiento de la política migratoria no se limita únicamente a los vuelos de gran escala. Frank Sauerbaum, director nacional de Migraciones, ofreció un balance detallado de las acciones ejecutadas durante el presente año. En lo corrido de 2026, se han llevado a cabo un total de 780 deportaciones, distribuidas de la siguiente manera:
- Expulsiones administrativas: 683 casos.
- Expulsiones judiciales: 97 casos.
Además de las salidas forzosas, el gobierno ha observado un fenómeno paralelo de salidas voluntarias. Según Sauerbaum, unas 2.446 personas han abandonado Chile por voluntad propia este año, siendo el 90 % de este grupo ciudadanos de origen venezolano. El Ejecutivo vincula esta tendencia a la efectividad de sus políticas de control, que buscan disuadir la migración irregular y combatir la criminalidad asociada al ingreso por pasos no habilitados.
El debate sobre la seguridad y los derechos humanos
La gestión de José Antonio Kast ha convertido la seguridad y el control fronterizo en el eje de su agenda política, especialmente en las regiones del norte de Chile, donde la presión migratoria es más aguda. El mandatario ha defendido estas medidas como necesarias para recuperar el orden público, sosteniendo que existe una correlación directa entre la migración irregular y el aumento de ciertos delitos.
No obstante, esta postura ha generado fricciones con diversos sectores. Organizaciones defensoras de los derechos humanos han alzado su voz de alerta, denunciando que el discurso oficial y las deportaciones masivas pueden fomentar la estigmatización de las comunidades migrantes. Advierten que las medidas, aunque legales, deben garantizar el debido proceso y evitar generalizaciones que afecten a poblaciones vulnerables, particularmente a venezolanos, colombianos y bolivianos que buscan refugio o mejores oportunidades económicas.
A pesar de los cuestionamientos, el Gobierno chileno ha ratificado su “voluntad inclaudicable” de continuar con el cronograma de expulsiones, asegurando que estas operaciones son esenciales para el cumplimiento estricto de la legislación vigente y el reordenamiento del país.
