La estabilidad del sistema de salud en Colombia enfrenta uno de sus momentos más críticos tras la revelación de los estados financieros de Nueva EPS, la aseguradora médica más grande del país. De acuerdo con el balance oficial radicado recientemente por la entidad, que actualmente se encuentra bajo medida de intervención por parte del Gobierno Nacional, la entidad arrastra una deuda total de $22 billones y reportó pérdidas por $4,8 billones durante el ejercicio correspondiente al año 2024.
Este panorama financiero compromete de forma directa la operación de una entidad que atiende a más de 11 millones de colombianos, convirtiéndose en el eje del debate nacional sobre la viabilidad del modelo de aseguramiento y la suficiencia de los recursos públicos destinados a la atención médica.
El Estado como el principal deudor del sistema
Uno de los hallazgos más complejos dentro del informe financiero radica en la composición de los activos de la entidad. Nueva EPS reporta cuentas por cobrar que ascienden a $9,51 billones, una cifra que representa aproximadamente el 90% de la totalidad de sus activos. La documentación oficial identifica de manera explícita al propio Estado colombiano como su principal deudor, principalmente a través de la Administradora de los Recursos del Sistema de Salud (Adres).
En términos específicos, la cuenta denominada «Deudores del Sistema» acumula un saldo de $5,49 billones. A esto se suma que la Adres adeuda $1,14 billones bajo el concepto de recobros por servicios médicos y tecnologías que no están financiadas mediante la Unidad de Pago por Capitación (UPC). El retraso en estos giros refleja problemas estructurales de vigencias anteriores: $967.362 millones registran una mora de entre dos y tres años, mientras que $17.277 millones acumulan más de cinco años sin ser efectivamente desembolsados por las autoridades estatales. Adicionalmente, existen otros $1,28 billones en cuentas por cobrar que se encuentran en proceso de trámite administrativo y que aún no constituyen recursos líquidos disponibles para la operación diaria.
Esta falta de flujo financiero inmediato ha generado un fuerte impacto en cadena sobre los prestadores del servicio. Las deudas de Nueva EPS con la red de hospitales y clínicas por servicios debidamente facturados y prestados se dispararon a $4,21 billones, marcando un alarmante incremento del 266% en comparación con el cierre del año anterior. Por otra parte, las denominadas reservas técnicas —los fondos destinados a respaldar las obligaciones médicas futuras de los pacientes— alcanzaron los $11,5 billones, en un entorno donde la disponibilidad de caja se ve limitada por $254.427 millones congelados debido a restricciones y embargos judiciales.
El debate de la UPC y el desbalance de costos
Los resultados financieros de 2024 ponen nuevamente sobre la mesa la discusión sectorial respecto a si el valor de la UPC —la prima anual que el Estado reconoce a las EPS por cada afiliado— es suficiente para cubrir la demanda real de servicios médicos en el país. Durante el año fiscal analizado, Nueva EPS captó ingresos totales por $22,2 billones, explicados en su gran mayoría por los giros de la UPC; sin embargo, el costo neto de la atención médica de sus usuarios escaló a $26,4 billones.
Bajo esta dinámica, la aseguradora gastó aproximadamente $119 por cada $100 que recibió para la cobertura de salud de la población asignada, una brecha negativa que se presenta de forma previa a la contabilización de los costos fijos de funcionamiento y administración de la empresa. A pesar de que los ingresos globales de la entidad mostraron un crecimiento del 18% respecto al periodo previo, la aceleración de los costos médicos desbordó cualquier margen de maniobra, consolidando la pérdida neta de $4,8 billones.
Este déficit recurrente deterioró los indicadores patrimoniales de la compañía a niveles históricos. Al cierre del balance, el patrimonio neto de Nueva EPS se situó en un terreno negativo de -$11,9 billones, estructuralmente presionado por unos pasivos globales de $22,5 billones que duplican el valor total de sus activos, tasados en $10,6 billones.
Medidas de contingencia y reorganización interna
Frente al adverso balance general, la administración interventora designada por el Ejecutivo ha expuesto una serie de indicadores contables orientados a demostrar una progresiva reorganización institucional. El reporte destaca un incremento del 30% en el efectivo total, consolidando un saldo de $642.991 millones. No obstante, el informe técnico aclara que este movimiento financiero se debió primordialmente a la reclasificación interna de recursos desde cuentas corrientes hacia instrumentos equivalentes de efectivo, al tiempo que los saldos disponibles en las cuentas bancarias tradicionales sufrieron una caída del 52%.
Paralelamente, el proceso de intervención avanzó en un esquema de saneamiento contable de reservas por $277.064 millones, permitiendo sincerar la contabilidad mediante el registro explícito de obligaciones acumuladas de vigencias previas que no se encontraban debidamente reflejadas en los históricos financieros.
Por último, el informe financiero evidenció una fuerte presión derivada de los fallos judiciales. Los desembolsos asociados al cumplimiento de acciones de tutela escalaron exponencialmente, pasando de $15.004 millones en el periodo previo a $107.950 millones al cierre del balance actual, lo que equivale a un crecimiento del 619%. Asimismo, quedan pendientes por resolver giros correspondientes a presupuestos máximos por valores de $98.983 millones y $51.780 millones, elementos que mantendrán la atención de los analistas sobre la viabilidad operativa de la principal aseguradora de salud del territorio colombiano.
