El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha lanzado una advertencia formal y perentoria a las principales estructuras armadas ilegales que operan en el territorio nacional. Durante el desarrollo del primer encuentro de empalme territorial llevado a cabo en el departamento de Norte de Santander, el futuro mandatario notificó públicamente a los líderes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que disponen de un plazo máximo de un mes para entregarse voluntariamente ante las autoridades competentes. De lo contrario, advirtió que serán considerados objetivos prioritarios de la fuerza pública una vez asuma el mando del poder ejecutivo.
La declaración se produjo en una región históricamente afectada por la confrontación armada y las economías ilícitas. En su intervención ante medios de comunicación y autoridades locales, de la Espriella individualizó de manera directa a los mandos insurgentes que ejercen control territorial en la zona fronteriza. El pronunciamiento representa un viraje significativo en la aproximación del Estado hacia los procesos de pacificación y los diálogos políticos con organizaciones delincuenciales que mantenía la administración saliente.
Señalamientos directos en el Catatumbo
En el núcleo de su discurso, el presidente electo determinó las prioridades operacionales para el inicio de su gestión, enfocando la atención inicial en la subregión del Catatumbo. De forma explícita, de la Espriella afirmó: “Aprovecho los micrófonos de los medios que nos acompañan para declarar a alias Alfred, del Frente de Guerra Nororiental del ELN, y alias Andrey, del Frente 33 de las disidencias de las Farc, objetivos militares del Gobierno del Tigre”. Esta denominación implica que el aparato de inteligencia y operativo militar concentrará sus recursos en la neutralización o captura de estos dos mandos criminales.
El emplazamiento judicial y militar dictado por el mandatario electo contempla un periodo de transición de treinta días naturales antes de activar el despliegue total de las capacidades coercitivas del Estado. Según lo expresado por de la Espriella, la única alternativa que contempla su administración para detener las órdenes de operaciones en contra de estos grupos es el sometimiento incondicional a la legislación penal ordinaria. “Tienen un mes para entregarse, de lo contrario, vamos a ir por ustedes y les va a caer todo el peso de la ley y del Estado de derecho”, aseveró enfáticamente durante el cierre del acto público.
Los cabecillas en la mira del nuevo ejecutivo
La estrategia de seguridad trazada por el equipo de gobierno entrante no se circunscribe únicamente al escenario geográfico del nororiente colombiano. Desde el periodo de campaña electoral, de la Espriella ha estructurado un listado con los nombres de los principales jefes disidentes y elenos que considera prioritarios para la estabilización democrática de la nación. Dentro del grupo de las disidencias de las FARC, el foco institucional se ha centrado sobre figuras de alto impacto criminal como Alexander Díaz Mendoza, conocido bajo el alias de Calarcá.
Alias Calarcá lidera en la actualidad el denominado Estado Mayor de los Bloques y Frentes, una facción que se apartó de las directrices del Estado Mayor Central bajo el mando de alias Iván Mordisco. A pesar de que la estructura de Calarcá venía adelantando acercamientos y mesas de diálogo con el Gobierno nacional saliente, el cambio de administración plantea un escenario de reconfiguración jurídica, dado que el nuevo presidente electo ha manifestado de manera constante que no validará procesos que no partan de un cese definitivo de hostilidades y el sometimiento a los tribunales del país. El historial de Díaz Mendoza incluye una larga trayectoria que se remonta a su militancia en los frentes 40 y Oriental de las antiguas FARC, habiendo abandonado el proceso de reincorporación pacífica en el año 2017 para retornar a la clandestinidad.
Reconfiguración del orden público nacional
Junto a los líderes disidentes regionales, la advertencia del mandatario electo cobija a Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco, quien comanda las facciones más radicales de las disidencias de las FARC y mantiene disputas territoriales tanto con el Estado como con la facción de Calarcá. Asimismo, la inclusión de alias Alfred, encargado de coordinar las acciones del Frente de Guerra Nororiental del ELN, confirma que la ofensiva gubernamental no hará distinciones de carácter ideológico o político entre las diferentes organizaciones que ejercen violencia organizada en Colombia.
El entorno logístico y protocolario de la transición presidencial refuerza el tono adoptado por el nuevo mandatario. De la Espriella confirmó que la ceremonia oficial de toma de posesión del cargo, programada para el próximo 7 de agosto, no se realizará en los espacios tradicionales del centro de Bogotá, sino que tendrá lugar en una base militar de la República. Este acto simbólico busca proyectar un mensaje de respaldo absoluto a las Fuerzas Militares y a la Policía Nacional, fijando desde el primer día de gobierno una postura de estricto cumplimiento legal y combate frontal contra los factores de inestabilidad criminal que operan en las periferias colombianas.
