La reciente orden judicial de extinción de dominio sobre un inmueble perteneciente al histórico exarquero de la Selección Colombia, René Higuita, ha vuelto a poner en el centro del debate público un problema recurrente en el país: la vulnerabilidad de los compradores frente a bienes raíces con pasados delictivos ocultos. El caso, que vincula una propiedad del exdeportista con el antiguo cartel de Medellín, ilustra la complejidad legal a la que se enfrentan los ciudadanos que adquieren patrimonios bajo el principio de la buena fe.
El exguardameta emitió un extenso comunicado público en sus canales oficiales donde defendió la legitimidad de su patrimonio y aclaró las circunstancias que rodearon la transacción de la vivienda. Según expuso el propio Higuita, el negocio se formalizó originalmente a través de una permuta comercial en la que entregó dos apartamentos como método de pago. Uno de esos inmuebles transferidos correspondía a un incentivo habitacional que la corporación financiera Conavi le había otorgado tras ser galardonado como el mejor futbolista del año en la época de su mayor apogeo profesional.
«La propiedad fue adquirida de manera completamente legal, actuando siempre de buena fe y con recursos provenientes exclusivamente de mi trabajo», enfatizó el exjugador de Atlético Nacional, quien además insistió en que para el momento de la compraventa no existía ningún elemento de alerta sobre el origen de la casa.
El vacío en los antecedentes y el engaño comercial
El eje central de la controversia radica en que, según las verificaciones judiciales citadas por la defensa de Higuita, las autoridades de la época —incluida la Fiscalía General de la Nación— no registraban investigaciones penales, requerimientos ni antecedentes vigentes contra la persona que figuraba como propietaria formal del predio y con quien se pactó el negocio. Con el paso de los años, los entes investigadores determinaron que dicho individuo operaba presuntamente como un testaferro oculto del cartel de Medellín.
Esta desconexión temporal entre el momento de la transacción y el posterior hallazgo de actividades delictivas es uno de los fenómenos más complejos dentro de los procesos de la Ley de Extinción de Dominio en Colombia. El exarquero manifestó haber sido víctima de un engaño estructurado, dado que el sistema registral y judicial de la época no poseía las alertas tempranas que hoy en día permiten auditar los capitales inmobiliarios de forma minuciosa.
A pesar del dictamen que afecta materialmente el inmueble, el proceso judicial ha arrojado claridades sobre la situación del deportista. Los despachos de control de garantías y del circuito de extinción confirmaron que el nombre de René Higuita no está siendo investigado por la comisión de delitos penales, ni se le vincula directamente con actividades de ocultamiento de bienes de organizaciones criminales. De hecho, las piezas procesales del caso le otorgan explícitamente el estatus jurídico de «tercero de buena fe».
La batalla legal por la defensa del patrimonio
A raíz de la notificación de la pérdida del inmueble, los apoderados legales de Higuita confirmaron que interpondrán los recursos de apelación correspondientes ante las instancias superiores del poder judicial. La estrategia jurídica buscará demostrar que existió una debida diligencia de acuerdo con las herramientas de validación disponibles en el mercado inmobiliario de aquel momento, con la expectativa de que se revoque la medida restrictiva sobre el bien situado en la capital de Antioquia.
El exseleccionado nacional lamentó el impacto reputacional y el menoscabo económico que genera una determinación de esta envergadura. Higuita hizo un llamado público a la opinión y a los medios de comunicación a tratar la información con rigurosidad y contexto conceptual, previniendo falsas narrativas que confundan la pérdida de una propiedad en un pleito civil de extinción con una implicación penal de carácter delictivo.
El panorama que afronta el icónico arquero del «escorpión» es el reflejo de una problemática estructural en el territorio colombiano, donde cientos de propiedades que cambiaron de manos legítimamente hace décadas siguen arrastrando la sombra financiera de los periodos más intensos del narcotráfico. La jurisprudencia nacional continúa debatiendo los límites de la protección a los compradores que, habiendo pagado precios comerciales justos y revisado los folios de matrícula inmobiliaria, terminan expropiados por delitos ajenos cometidos en el pasado.
