En un nuevo esfuerzo por combatir la corrupción en las instituciones del Estado, la Procuraduría General de la Nación ordenó la apertura de una investigación disciplinaria formal contra varios funcionarios y exfuncionarios de la institución policial. El caso se centra en la planeación, adjudicación y ejecución de un polémico convenio firmado en el año 2022, cuyo objeto era la compra de sistemas de tecnología avanzada para la seguridad pública. La hipótesis del organismo de control apunta a que se habrían violado principios esenciales de la contratación estatal, convirtiendo el proyecto tecnológico en un grave expediente de presuntas irregularidades administrativas.
El convenio bajo el escrutinio público tenía como finalidad la adquisición de Sistemas Aéreos Remotamente Tripulados (SIART), popularmente conocidos como drones. Estas herramientas tecnológicas estaban destinadas a robustecer las labores de vigilancia, control territorial y combate de actividades ilícitas en diversas zonas del territorio nacional. Sin embargo, de acuerdo con el pliego inicial del Ministerio Público, el proceso estuvo plagado de fallas que afectaron la legalidad y la transparencia del concurso público.
Los implicados y el origen de las inconsistencias
La determinación del órgano de control cobija a altos oficiales de la institución que desempeñaban roles clave en la administración de los recursos. Entre los principales investigados se encuentra el coronel en retiro Didier Alberto Estrada Álvarez, quien para la época de los hechos ejercía como director general del Fondo Rotatorio de la Policía Nacional (FORPO). El FORPO es la entidad encargada de centralizar la logística y el presupuesto para el equipamiento de la fuerza pública, lo que sitúa al exoficial en una posición de alta responsabilidad frente a la ordenación del gasto.
Asimismo, la Procuraduría vinculó formalmente a la capitán Alejandra Sepúlveda Figueroa, en su condición de coordinadora del Centro Integrado Policial Permanente Anticontrabando (CIPPA), y al intendente Ismael de Aguas (identificado en los registros oficiales como Ismael de Aguas Boea), quien fungía como verificador de información dentro de esa misma célula investigativa. El grupo de implicados lo completa el mayor Edwin Arley Espejo Navarro, quien asumió la labor de supervisor del contrato en representación de FORPO durante el periodo en que se presentaron las anomalías en la ejecución.
La investigación preliminar del Ministerio Público se enfoca en dos momentos críticos del proceso: la etapa precontractual y la fase de ejecución y supervisión del contrato. Los primeros hallazgos sugieren que existieron graves deficiencias en la formulación de los factores de selección del contratista. Esta situación, según los analistas disciplinarios, pudo haber direccionado el contrato de manera indebida o, en su defecto, facilitado la elección de una empresa que no cumplía con los estándares de idoneidad y calidad requeridos para suministrar insumos de alta tecnología a la Policía.
Un millonario detrimento bajo análisis técnico
El valor del contrato despierta una gran preocupación dentro de los despachos de control fiscal y disciplinario, pues la suma total de la inversión superó los 3.700 millones de pesos colombianos. Estos recursos, provenientes del erario y destinados originalmente a optimizar la seguridad ciudadana, se encuentran hoy comprometidos debido al aparente incumplimiento de las obligaciones contractuales pactadas. La Procuraduría intenta esclarecer si los equipos fueron entregados a satisfacción, si sus especificaciones técnicas correspondían a lo pagado y si el seguimiento técnico por parte de la supervisión se realizó con el rigor legal.
Dentro de los aspectos técnicos que examina la comisión especial asignada al caso, se destaca la falta de coherencia entre los precios de mercado y los valores acordados en las planillas de licitación. Las denuncias iniciales indican que los criterios de ponderación de las ofertas habrían sido modificados de forma sutil durante las mesas de trabajo precontractuales, debilitando las exigencias de experiencia técnica a favor de criterios netamente financieros o de oportunidad. Esto dio como resultado una vulneración a los principios de transparencia y selección objetiva consagrados en la Ley 80 de Contratación Estatal.
Por otra parte, los informes de supervisión elaborados por el mayor Espejo Navarro muestran inconsistencias severas en las fechas de entrega y en los certificados de calibración de los componentes de navegación de las aeronaves. La Procuraduría indaga si se firmaron actas de recibo a satisfacción a sabiendas de que los sistemas aéreos no estaban operando al cien por ciento de su capacidad operativa, una conducta que configuraría una falta gravísima contra los deberes de la administración pública.
Etapa probatoria y posibles sanciones
El proceso se encuentra formalmente en la etapa de investigación disciplinaria. En este escenario, la Procuraduría General de la Nación procederá con el recaudo ordenado de material probatorio, que incluye testimonios de los técnicos encargados de recibir los dispositivos, peritajes forenses a los sistemas de software de los drones y auditorías exhaustivas a los movimientos financieros de la empresa contratista.
El objetivo central de esta fase procesal es determinar fehacientemente si las actuaciones u omisiones de Estrada Álvarez, Sepúlveda Figueroa, De Aguas e Espejo Navarro constituyeron faltas de carácter disciplinario, o si sus conductas se ajustaron fielmente al marco normativo de la Policía Nacional. Los investigados tendrán la garantía constitucional de ejercer su derecho a la defensa mediante la presentación de descargos y la solicitud de contrapruebas.
Si el órgano de control halla méritos suficientes al término de este periodo probatorio, emitirá un pliego de cargos formal que podría desencadenar severas sanciones administrativas. Dependiendo de la gravedad de la calificación de la falta —que provisionalmente se perfila como a título de dolo o culpa gravísima debido al manejo de fondos públicos—, los implicados afrontarían la destitución de sus cargos e inhabilidades generales para ejercer funciones públicas por un lapso que oscila entre los 10 y los 20 años. Además, dada la naturaleza de los hechos, no se descarta que el expediente sea trasladado de manera paralela a la Fiscalía General de la Nación para evaluar posibles delitos relacionados con celebración indebida de contratos y peculado por apropiación.
