En un giro drástico dentro de las investigaciones por el entramado de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia ordenó este jueves la conducción por medio de la Policía Nacional de la senadora Martha Peralta, perteneciente a la coalición oficialista Pacto Histórico. La determinación fue adoptada por la magistrada instructora Cristina Lombana, luego de que la defensa de la parlamentaria intentara aplazar la citación judicial de manera fallida en dos oportunidades consecutivas.
La congresista guajira se vio obligada a comparecer ante el alto tribunal a lo largo de la tarde de este jueves para responder en diligencia de indagatoria por su presunta vinculación y participación activa en el desvío de recursos públicos. El proceso formal busca esclarecer las declaraciones emitidas por exdirectivos de la entidad gubernamental que la señalan directamente de colusión.
Las acusaciones de Olmedo López y el contrato en La Guajira
El expediente que hoy mantiene bajo la lupa de las autoridades a la senadora Peralta se originó formalmente a partir de las declaraciones y testimonios entregados a la justicia por Olmedo López, exdirector de la UNGRD. López, quien actualmente enfrenta los cargos correspondientes tras caérsele el preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación en el Tribunal de Bogotá, detalló supuestas presiones e intermediaciones indebidas por parte de la congresista.
Según el testimonio del exdirector, la senadora del Pacto Histórico le habría solicitado de manera directa la adjudicación y el direccionamiento de un contrato que superaba los 2.210 millones de pesos. Dicho convenio contractual tenía como propósito específico el mantenimiento y optimización de pozos de agua en el departamento de La Guajira, región de donde es oriunda Peralta.
Los beneficiarios finales de este direccionamiento habrían sido los ciudadanos Isaac Rizcala Lozano y Jorge Rizcala Muvdi, quienes fungen como los representantes legales de la empresa privada IRL SAS, firma encargada de gestionar proyectos vinculados al suministro de maquinaria amarilla para la atención de emergencias viales y civiles.
Debido a que la implicada goza de fuero constitucional por su condición de senadora de la República, la Fiscalía General de la Nación procedió en abril de 2025 a realizar la correspondiente compulsa de copias hacia la Corte Suprema de Justicia, dado que el ente acusador ordinario carece de la competencia legal para instruir o procesar directamente a los miembros del Congreso.
Investigación formal por presuntos delitos contra la administración pública
Tras evaluar el material probatorio recopilado y los testimonios adjuntos, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia determinó el pasado 14 de mayo de 2026 abrir de manera formal una investigación penal en contra de la senadora reelecta. El alto tribunal de justicia definió preliminarmente que Peralta es sospechosa de incurrir en los delitos de tráfico de influencias de servidor público y cohecho impropio.
El ordenamiento procesal penal para aforados en Colombia contempla la indagatoria como un escenario obligatorio en el cual los magistrados instructores buscan interrogar formalmente al sindicado, además de otorgar la posibilidad de que este presente sus descargos o confiese su participación en las conductas delictivas analizadas.
A pesar de la gravedad de la apertura del proceso, la defensa de la congresista interpuso recursos para reprogramar y dilatar la comparecencia ante los estrados. Ante la negativa reiterada de la magistrada Cristina Lombana de conceder nuevos plazos o prórrogas temporales, se emitió la orden de conducción policial, mecanismo que faculta al cuerpo policial para custodiar y asegurar la presencia física de un ciudadano ante un requerimiento judicial prioritario.
El impacto político en el legislativo
El caso de Martha Peralta se suma a la larga lista de parlamentarios y altos funcionarios gubernamentales salpicados por el escándalo de la UNGRD, catalogado como uno de los entramados de corrupción administrativa más complejos y de mayor alcance en los últimos años en el país. La comparecencia obligatoria de la senadora ocurre en un momento de tensiones políticas plenas en el Congreso de la República, afectando la representatividad y los debates de las bancadas que apoyan las agendas del Ejecutivo.
Hasta el cierre de esta edición informativa, la congresista se encuentra rindiendo su declaración formal ante el despacho de la magistrada Lombana, en el Palacio de Justicia de la capital de la república. Se espera que en las próximas horas se defina su situación jurídica provisional o si la Corte Suprema dictará alguna medida de aseguramiento restrictiva de la libertad mientras avanza la etapa de instrucción del expediente.
