La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia de Colombia oficializó el traslado del expediente contra seis legisladores de la Comisión de Crédito Público a la Sala de Primera Instancia, con lo cual se da inicio formal a la etapa de juicio y juzgamiento. Con esta determinación judicial, el proceso abandona el despacho del magistrado Misael Rodríguez y queda bajo la conducción del magistrado Ariel Torres.
El caso vincula formalmente a los congresistas Wadith Manzur, Karen Manrique, Liliana Bittar, Julián Peinado, Juan Pablo Gallo y al exrepresentante a la Cámara Juan Diego Muñoz. A los investigados se les atribuye la presunta comisión del delito de cohecho impropio, relacionado con las irregularidades en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Supuestos beneficios contractuales a cambio de votos
De acuerdo con los elementos recopilados en la investigación penal que se adelanta desde el año 2024, los seis exmiembros y actuales miembros de la célula legislativa habrían sido los supuestos beneficiarios de un entramado de direccionamiento de la contratación pública.
Las indagaciones sugieren el otorgamiento irregular de tres millonarios contratos estatales en los departamentos de Bolívar, Córdoba y Arauca, cuya cuantía global supera los 90.000 millones de pesos.
La hipótesis de las autoridades judiciales plantea que dichos beneficios contractuales habrían sido asignados presuntamente a cambio de que los legisladores ofrecieran su respaldo político a las solicitudes de créditos internacionales formuladas por el Ministerio de Hacienda. Para la época de los hechos, dicha cartera ministerial se encontraba bajo la dirección de Ricardo Bonilla, quien también ostenta la condición de imputado en el marco de este escándalo de corrupción.
Citación a indagatoria a senadora de la coalición de Gobierno
De forma paralela al inicio del juicio de la Comisión de Crédito Público, la Corte Suprema de Justicia determinó la vinculación formal de la senadora del Pacto Histórico, Martha Peralta, a otra línea de investigación del mismo caso. La congresista de la coalición de Gobierno fue requerida para comparecer a una audiencia de indagatoria programada ante la Sala de Instrucción en el norte de Bogotá.
Durante esta diligencia judicial, la parlamentaria conocerá en detalle los cargos específicos formulados en su contra, contando con las garantías legales para presentar su defensa y rendir explicaciones libres y voluntarias sobre las conductas señaladas.
Los antecedentes de esta vinculación se remontan a las declaraciones ofrecidas en julio del año pasado por el exdirector de la UNGRD, Olmedo López, durante los acercamientos institucionales para la obtención de beneficios penales por colaboración con la justicia. En dicho escenario, el exfuncionario señaló formalmente a la senadora Peralta de haber ejercido influencias para el supuesto direccionamiento de un contrato de maquinaria amarilla en el departamento de La Guajira.
Según lo denunciado por el exdirector de la entidad de gestión del riesgo, la congresista presuntamente solicitó que la adjudicación del mencionado convenio se orientara hacia contratistas particulares con quienes sostenía vínculos de afinidad. La auditoría sobre este frente específico del expediente indica que el valor estimado del direccionamiento contractual cuestionado superaría los 2.100 millones de pesos.
Las dos vertientes del proceso judicial continúan en desarrollo dentro del alto tribunal con el fin de establecer las responsabilidades penales definitivas de los aforados involucrados.
