Un conjunto de grabaciones filtradas recientemente a la opinión pública ha desencadenado una severa tormenta política en Colombia, salpicando directamente al entorno más cercano del Gobierno de Gustavo Petro y a la primera dama, Verónica Alcocer. Las revelaciones provienen de Eva Ferrer, especialista catalana en marketing político y exasesora presidencial, quien durante los primeros años de la actual administración mantuvo una estrecha relación personal y laboral con el círculo gubernamental. En las grabaciones difundidas por la revista Semana, Ferrer detalla presuntas irregularidades financieras, un ostentoso estilo de vida financiado de forma opaca y un entramado de influencias en diversas entidades estratégicas del Estado.
El testimonio de la exfuncionaria ha generado una profunda conmoción en el panorama institucional colombiano, al describir prácticas cotidianas dentro del Palacio de Nariño que contradicen el discurso oficial de austeridad y transparencia. De acuerdo con las declaraciones contenidas en los audios, los gastos personales y logísticos atribuibles a la primera dama alcanzarían sumas considerablemente elevadas, estimadas en unos 50.000 euros mensuales. Dichas afirmaciones exponen de forma cruda un comportamiento caracterizado por el gusto desmedido por los viajes internacionales, el uso recurrente de dinero en efectivo y el mantenimiento de una nutrida comitiva personal.
Enredos financieros y redes de influencia en el poder público
Las declaraciones vertidas por la especialista española trascienden el plano meramente personal y apuntan a una red institucional con ramificaciones en importantes organismos del Estado. En las grabaciones, Ferrer señala que la primera dama habría desplegado presuntos tentáculos e injerencias en entidades clave de la administración pública colombiana, entre las que se cuentan la petrolera estatal Ecopetrol, el Banco Agrario y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). En ese escenario, se habrían ejercido presiones directas sobre altos directivos, como el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, para favorecer la asignación de cargos públicos y contrataciones específicas.
El expediente revelado también menciona la participación activa de otros ciudadanos de origen catalán pertenecientes al círculo de confianza presidencial, tales como Xavier Vendrell y Manel Grau. Ambos empresarios, a quienes se les concedió la nacionalidad colombiana de manera exprés al inicio del periodo gubernamental en agosto de 2022, habrían actuado como intermediarios en gestiones de negocios y nombramientos estatales. Según el testimonio grabado, Vendrell, investigado anteriormente en España por diversos procesos judiciales, se presentaba en reuniones sobre infraestructura ferroviaria como un enviado directo del mandatario nacional, sin ostentar formalmente una designación oficial dentro del organigrama del Gobierno.
Paralelamente, los audios exponen supuestos esquemas de financiamiento irregular para la defensa de la imagen gubernamental. Ferrer manifiesta en sus declaraciones que se habrían destinado abultadas sumas monetarias, provenientes presuntamente de fondos públicos asignados a consejerías presidenciales, para la contratación de asesores de opinión, influenciadores y bodegas digitales. El objetivo de estas redes cibernéticas era atacar sistemáticamente a los sectores críticos del petrismo. En sus relatos, la exasesora calcula pérdidas de fondos en efectivo por montos cercanos a los mil millones de pesos colombianos, equivalente a unos 350.000 euros, cuyo destino final permanece sin esclarecerse hasta la fecha.
Polémicas internacionales y el inminente curso judicial
A las acusaciones sobre manejo de recursos y clientelismo se suman graves episodios en el ámbito diplomático. Las grabaciones y testimonios recopilados hacen referencia a controvertidos desplazamientos al extranjero por parte de la primera dama, incluyendo maniobras logísticas para esquivar restricciones internacionales. En ese contexto se enmarca un viaje realizado durante su estancia en Estocolmo, donde, ante los señalamientos de inclusión en la Lista OFAC del Gobierno estadounidense, se estructuró un periplo internacional por carretera y aviación comercial hacia Moscú y La Habana, desde donde finalmente fue recogida por una aeronave oficial de la Presidencia de la República.
Sobre este tema, declaraciones previas del embajador colombiano en Suecia, Guillermo Reyes, coincidieron en calificar como problemático el comportamiento de la primera dama en el exterior, advirtiendo sobre el impacto negativo que sus actuaciones generaron en la representación diplomática del país. Asimismo, el caso reaviva cuestionamientos previos sobre la presunta financiación opaca de la campaña electoral de 2022, en la que se señalan aportes monetarios no registrados provenientes de sectores irregulares que habrían sido gestionados sin los controles financieros requeridos por la ley electoral.
Ante la contundencia de los audios revelados por la prensa nacional e internacional, la responsabilidad de verificar la veracidad de los hechos expresados por Eva Ferrer recaerá sobre la Fiscalía General de la Nación. Diversos analistas e integrantes de la oposición han expresado su preocupación por la celeridad que pueda tomar la investigación formal, señalando el estrecho vínculo existente entre la cúpula fiscal y la administración de turno. No obstante, las revelaciones han dejado un costo político significativo para el Gobierno saliente, abriendo un complejo debate sobre la ética pública, el manejo de recursos estatales y la transparencia institucional en las más altas esferas del poder ejecutivo en Colombia.
