Evo Morales acumula dos órdenes de aprehensión por trata agravada, terrorismo y otros delitos
El escenario político y judicial en Bolivia atraviesa un momento de alta tensión tras confirmarse que el expresidente Evo Morales suma dos órdenes de captura emitidas en su contra. La Justicia boliviana lo investiga por la presunta comisión de siete delitos: trata agravada, terrorismo, alzamiento armado contra la seguridad y la soberanía del Estado, atentado contra la seguridad de los medios de transporte, asociación delictuosa, instigación pública a delinquir y atentado contra la seguridad de los servicios públicos.
Ambas disposiciones judiciales derivan de procesos diferenciados. El primero de ellos corresponde a acusaciones sobre su gestión presidencial previa, mientras que el segundo expediente responde a las recientes movilizaciones e interrupciones de vías de comunicación que afectaron a diversas regiones del país.
Los antecedentes judiciales y el caso por trata agravada
La primera medida contra el exjefe de Estado corresponde al proceso en el que se le acusa de trata agravada de menores. De acuerdo con las investigaciones desarrolladas por el Ministerio Público, Evo Morales habría tenido una hija con una adolescente en el año 2016, época en la que ejercía la presidencia de la nación. Los informes del expediente señalan que, presuntamente, la familia de la víctima fue beneficiada con diversos favores políticos.
La Fiscalía sostiene que ha recopilado alrededor de 170 elementos probatorios en el marco de esta causa. A lo largo del proceso, las autoridades judiciales citaron a declarar al exmandatario en tres ocasiones distintas: en octubre de 2024, enero de 2025 y mayo de 2026. Debido a que el imputado no asistió a ninguno de los llamados formulados por las autoridades correspondientes, el órgano jurisdiccional determinó declararlo en rebeldía.
A raíz de esta incomparecencia, las autoridades judiciales ordenaron medidas cautelares de carácter real y personal, incluyendo el arraigo, la anotación preventiva de sus bienes y el congelamiento de sus cuentas bancarias. Asimismo, se dictó la correspondiente orden de aprehensión, la cual hasta la fecha no ha sido ejecutada.
Las denuncias por terrorismo y el impacto de los bloqueos
El segundo mandato de captura contra el líder político es de carácter reciente y abarca los cargos de terrorismo y alzamiento armado. En la legislación boliviana, estas tipificaciones contemplan sanciones severas, cuyas penas máximas oscilan entre los 20 y 30 años de prisión según lo normado en el Código Penal.
Este expediente penal tuvo su origen en una demanda interpuesta por el Comité Cívico de Santa Cruz, una entidad que agrupa a múltiples sectores institucionales de esa región y que ha mantenido una postura de oposición frente al Movimiento Al Socialismo (MAS). La causa penal se enfoca en los acontecimientos registrados durante los meses de mayo y junio del presente año, cuando se convocaron y ejecutaron protestas sociales y cortes de vías en puntos estratégicos del territorio boliviano.
Los demandantes argumentan que Evo Morales instruyó la instalación de los cercos en las carreteras con el propósito explícito de presionar la dimisión del presidente Rodrigo Paz. Los cierres viales comenzaron en el departamento de La Paz por llamado de la Federación de Campesinos Túpac Katari. Posteriormente, se adhirieron otros grupos organizados, entre los que figuran la Central Obrera Boliviana (COB), diversas juntas vecinales de la urbe de El Alto y agrupaciones de cocaleros afines al exjefe de Estado.
Las medidas de fuerza se extendieron por casi siete semanas de manera consecutiva. Durante dicho periodo, el bloqueo de las vías terrestres provocó desabastecimiento de alimentos, combustibles y medicamentos en varios centros urbanos, generando además importantes pérdidas económicas para rubros productivos clave como el transporte y la industria.
Posturas encontradas y la respuesta de las partes
Desde hace aproximadamente dos años, Evo Morales permanece en su bastión político principal, resguardado de manera constante por sectores de simpatizantes y manteniendo una presencia pública activa. Ante la notificación de esta segunda orden judicial, el expresidente utilizó sus canales en redes sociales, específicamente su cuenta oficial de X, para rechazar las acusaciones imputadas.
En sus declaraciones, el dirigente aseveró que las acciones legales representan una modalidad de persecución política promovida por la administración del mandatario Rodrigo Paz. El exgobernante afirmó que el Ejecutivo busca atribuir la responsabilidad de las manifestaciones ciudadanas a su figura para desviar la atención de los problemas financieros del país. Morales sostuvo que la nación atraviesa una crisis económica y social originada por el modelo gubernamental actual, al cual acusó de haber desatendido las necesidades de la población y de proteger hechos de corrupción. Finalmente, enfatizó que continuará con sus actividades políticas junto a sus bases sociales.
Por su parte, voceros de la administración gubernamental han reiterado que la orden de privación de libertad dictada por las autoridades competentes será ejecutada conforme a derecho. Representative del Poder Ejecutivo manifestaron anteriormente que se cuenta con un operativo planificado para concretar el arresto del imputado. En declaraciones vertidas a finales del mes de junio, el presidente Rodrigo Paz reafirmó la posición del Estado al señalar que el exmandatario deberá responder formalmente ante la Justicia por las causas abiertas en su contra.
