La Contraloría General de la República ha desplegado un operativo de verificación documental e inspección técnica para auditar la asignación y ejecución de 4,5 billones de pesos distribuidos en más de 14.000 contratos estatales. Las actuaciones, adelantadas por la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI) junto a la unidad con facultades de Policía Judicial, buscan esclarecer el flujo de recursos desde el Ministerio de Hacienda y Crédito Público hacia diversas entidades del orden nacional y territorial, con especial foco en la Fiduprevisora y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Esta intervención se originó tras el análisis de las alertas preliminares emitidas por la función de advertencia del órgano de control fiscal. Ante los hallazgos iniciales, los investigadores procedieron a recaudar y auditar material probatorio directamente en la sede del Ministerio de Hacienda, con la finalidad de validar la documentación que respalda la autorización de las partidas presupuestales y el posterior desembolso de los fondos públicos.
Trazabilidad y cadena de custodia en la gestión de fondos públicos
La investigación ha entrado en una fase crítica con el traslado de las comisiones de inspección a las sedes de la Fiduprevisora y la UNGRD. En estos organismos, los funcionarios de la Contraloría trabajan en la reconstrucción analítica del circuito financiero para verificar cómo se canalizaron y giraron los capitales aprobados desde la cartera de Hacienda. El propósito central radica en asegurar la trazabilidad integral de la cadena presupuestal, evaluando el estricto cumplimiento de los requisitos jurídicos, técnicos y contractuales de cada operación.
Los peritos del ente de control han configurado protocolos de cadena de custodia para proteger la integridad de los expedientes, archivos digitales y documentos contables incautados. Según indicaron fuentes del equipo auditor, la información recolectada en el sitio sugiere que el monto y el impacto de las inconsistencias podrían superar las estimaciones iniciales arrojadas por los mecanismos preventivos. Por esta razón, el procedimiento no se limita al seguimiento del dinero, sino que abarca la revisión detallada de la sustentación técnica que justificó la destinación de cada partida.
Próximos pasos y consolidación del informe fiscal
El cronograma fijado por la Policía Judicial de la Contraloría prevé el cierre de las actuaciones de campo e inspección directa entre el lunes y martes de la próxima semana. Una vez concluida la recolección de pruebas en las dependencias oficiales, todo el material probatorio será trasladado a la Contraloría Delegada de Economía y Finanzas, instancia encargada de consolidar el análisis macro de los datos y determinar la magnitud real de los recursos comprometidos.
El informe final buscará dictaminar si los desembolsos contaron con los soportes legales requeridos o si, por el contrario, existieron irregularidades en el otorgamiento de giros a los entes territoriales y nacionales. Con estas acciones, el máximo organismo de control fiscal reafirma su compromiso de ejercer una vigilancia integral sobre el erario, garantizando que el uso de las partidas presupuestales asignadas a la atención de emergencias y fondos fiduciarios responda a los principios de transparencia, legalidad y eficiencia institucional y eficiencia en la administración pública.
