Vivimos una época en donde publicar información en internet, ha transformado la manera en las que las personas se informan, una cuenta de redes sociales el día de hoy puede alcanzar la misma visibilidad que un medio de comunicación tradicional; aunque no siempre opere con los mismos estándares de verificación, hasta ahí podríamos hablar del ejercicio de la libertad de expresión y de prensa. Esa diferencia es la que marca la distancia entre informar y difundir contenido.
En Colombia, la Constitución protege el buen nombre, la honra, la dignidad humana, el debido proceso y la presunción de inocencia, también protege la libertad de informar, sin embargo surge un interrogante; ¿Cómo puede una persona ejercer plenamente su derecho de defensa cuando no existe un responsable claramente identificado por la información que se publica?, la respuesta resulta inquietante, el ciudadano queda prácticamente indefenso.
Cada vez son más las páginas que difunden información sin asumir las consecuencias de lo que publican, sin respaldo, ni sustento jurídico, haciendo imputaciones o endilgando, atribuyendo y hasta imputando delitos a diestra y siniestra sin que en muchos casos exista orden judicial u antecedentes penales, se muestran presuntamente como medios de información, pero muchos carecen de personería jurídica, de constitución, de representación legal, dejando a los afectados con pocas posibilidades de ejercer su derecho de defensa; así que si el Estado no puede identificar quién administra una plataforma que difunde información, ¿contra quién ejerce el ciudadano su derecho de rectificación?, ¿Quién responde por una afectación al buen nombre?; ¿Cómo se materializa el debido proceso cuando el autor permanece oculto?.
La tecnología ha avanzado mucho más rápido que las herramientas jurídicas para enfrentar este tipo de escenarios de una manera efectiva, sumándose a ello las grandes plataformas digitales que tampoco facilitan la identificación de quienes administran estos espacios; en muchas ocasiones los mecanismos de reporte no producen respuestas oportunas o suficientes, ni efectivas, ni reales, en consecuencia el contenido sigue circulando mientras el daño reputacional continúa multiplicándose.
No se trata de censurar opiniones, ni de limitar la libertad de prensa, la democracia necesita periodistas libres, pero también que quienes informan, respondan por lo que publican, la libertad y la responsabilidad deben ir de la mano, no es saludable para una democracia que existan plataformas capaces de señalar públicamente a una persona sin asumir responsabilidad por ello, este vacío jurídico, normativo e incluso operativo, merece una discusión seria por parte del Congreso, los jueces y las propias plataformas digitales.
Porque la pregunta ya no es únicamente quién puede publicar, la verdadera pregunta es quién responde cuando una publicación destruye la reputación de una persona y nadie aparece para asumir la responsabilidad. La integridad no teme ser identificada y la verdad no necesita esconderse en el anonimato, si aspiramos a una sociedad donde la información fortalezca la democracia, debemos exigir que la libertad vaya siempre acompañada de responsabilidad. Solo así será posible garantizar que la libertad de informar y la protección del buen nombre convivan en un verdadero estado social y democrático de derecho.
