Las recientes revelaciones sobre los acercamientos entre el Gobierno Nacional y la organización criminal conocida como el ‘clan del Golfo’ han vuelto a poner bajo el escrutinio público la estrategia de la denominada ‘paz total’. Sin embargo, el impacto de estos informes va más allá de los diálogos políticos, reactivando una de las controversias más profundas desde el inicio de la administración de Gustavo Petro: los motivos reales detrás de la salida masiva de generales y oficiales de la Fuerza Pública.
De acuerdo con el material periodístico divulgado por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, las conversaciones exploratorias lideradas en su momento por el entonces alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, habrían incluido compromisos de gran envergadura. Entre los puntos discutidos se mencionan el freno a operaciones militares contra el grupo ilegal, la limitación de bombardeos, la revisión de la política de extradición de los cabecillas de la organización y, de manera crucial, una supuesta “depuración” interna dentro de la Fuerza Pública.
Coincidencias en el cronograma institucional y los retiros
La divulgación de estos audios y documentos adquiere relevancia debido a la coincidencia cronológica con decisiones estructurales que sacudieron la línea de mando policial y militar. Apenas iniciada la gestión del presidente Petro, se argumentó públicamente que la profunda reestructuración de la cúpula respondía a una estrategia para combatir fenómenos de corrupción interna. No obstante, los nuevos datos plantean la hipótesis alternativa de que una parte sustancial de estos relevos estuvo vinculada a las exigencias hechas por el ‘clan del Golfo’ en las mesas de acercamiento.
El punto de inflexión de esta reestructuración ocurrió el 25 de agosto de 2022, fecha en la que se ordenó el llamado a retiro de 22 generales de la Policía Nacional y al menos 13 de las Fuerzas Militares. Esta decisión constituyó una de las renovaciones de mando institucional más drásticas e importantes en la historia reciente del país.
Dentro del grupo de altos oficiales apartados del servicio activo se encontraban cuadros operativos y de inteligencia que habían liderado las investigaciones criminales y los seguimientos que condujeron a la captura de Dairo Antonio Úsuga David, conocido con el alias de ‘Otoniel’, quien fuera el máximo jefe de la estructura criminal. Con el paso de los meses, la cifra de oficiales retirados continuó en ascenso hasta alcanzar los 80 retiros en la actualidad.
Expansión territorial del ‘clan del Golfo’ durante el proceso
En paralelo al incremento de retiros en las filas estatales y a lo que diversos sectores describen como una reducción de la presión operacional, los informes de seguridad revelan un notable fortalecimiento logístico y numérico del grupo armado. Las críticas provenientes de expertos en seguridad apuntan a que los acercamientos políticos debilitaron las capacidades operativas del Estado y facilitaron una ventana de oportunidad para la expansión del narcotráfico.
Las estadísticas recabadas por organizaciones independientes ilustran el panorama actual del grupo delictivo:
- Evolución del pie de fuerza: Estimaciones de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) indican que la organización pasó de tener cerca de 4.000 integrantes en 2022 a superar los 6.000 miembros al cierre de 2023. En la actualidad, agencias de seguridad estiman que la cifra total de combatientes ronda los 10.000 integrantes.
- Control geográfico: El grupo criminal amplió su radio de acción de 200 municipios en 2022 a una influencia directa en al menos 338 municipios del territorio nacional, distribuidos en 16 departamentos.
- Estructura militar: Informes de inteligencia señalan que el también autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia se ha transformado en un entramado compuesto por seis bloques y 32 frentes armados.
La controversia sumó un nuevo elemento tras conocerse que en agosto de 2025, durante la gestión de Jorge Lemus al frente de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), se habrían sostenido reuniones con un esmeraldero y exnarcotraficante con antecedentes ante la justicia de los Estados Unidos. El objetivo aparente de estos encuentros consistía en buscar respaldos políticos para un proyecto de ley enfocado en el sometimiento a la justicia de estas macroestructuras criminales.
Respuestas oficiales y debate en el sector de seguridad
Ante la gravedad de los señalamientos, el exministro de Defensa, Iván Velásquez Gómez, salió al paso de las publicaciones para defender la legalidad de los cambios en la Fuerza Pública. Velásquez aseguró de forma tajante que la renovación de las cúpulas policiales y militares respondió única y exclusivamente a un “análisis independiente” coordinado por su despacho.
“La evaluación de altos oficiales de la Fuerza Pública que realicé desde aproximadamente dos semanas antes de asumir el cargo de ministro de Defensa, fue un procedimiento riguroso que contó con la consulta de fuentes, documentos e investigaciones”, manifestó el exfuncionario, negando cualquier tipo de interferencia o presión criminal en la conformación de los mandos.
Asimismo, Velásquez descartó de plano que Danilo Rueda hubiese incidido en estas decisiones institucionales, aclarando que al comisionado nunca se le consultó la permanencia o remoción de oficial alguno.
Por el contrario, analistas del sector de seguridad e investigadores manifestaron posturas críticas. Daniel Mejía, analista especializado, cuestionó públicamente la versión de la transparencia institucional y exhortó al exministro a ofrecer explicaciones detalladas ante el país y la justicia. De igual forma, investigadores de la FIP señalaron que la combinación de un cese al fuego anticipado, junto a la restricción de operaciones ofensivas y de inteligencia, terminaron por favorecer el avance de la organización delincuencial en lugar de propiciar su desmantelamiento.
Finalmente, el coronel retirado Jorge Alexander Mora, quien se desempeñó como jefe anticorrupción de la Policía antes de su salida, advirtió sobre las repercusiones técnicas de desarticular de manera intempestiva las unidades especializadas del Estado. De acuerdo con Mora, las redes criminales aprovechan las transiciones abruptas y los vacíos en los equipos de investigación para reorganizar sus finanzas y recuperar zonas estratégicas de influencia, lo que termina por mermar la capacidad estatal para lograr una judicialización efectiva del delito organizado.
