Sindicatos de la Unidad Nacional de Protección (UNP) han presentado una denuncia pública sobre presuntas irregularidades en los trámites destinados a mantener y fortalecer el esquema de seguridad de Juliana Guerrero. De acuerdo con los señalamientos realizados por organizaciones sindicales de la entidad encargada de velar por la protección de personas en Colombia, se estaría gestando un procedimiento anómalo para asegurar la continuidad de las medidas de protección a favor de Guerrero antes de que concluya el mandato del presidente Gustavo Petro.
La alerta fue dada a conocer por Giovanni Gallo, presidente nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Seguridad (Analtraseg), quien afirmó que la exfuncionaria estaría buscando modificar su categoría legal dentro del sistema de valoración de la entidad. Según la representación sindical, el propósito de esta maniobra consiste en obtener la acreditación formal como activista política o defensora de derechos humanos, estatus que le permitiría justificar técnicamente la conservación y el reforzamiento de su esquema de seguridad actual.
El mecanismo de revaluación y las presiones a los analistas técnicos
Según el testimonio de los voceros sindicales, el caso se hizo público luego de que un analista de riesgo de la entidad acudiera a las organizaciones de trabajadores para solicitar protección frente a supuestas presiones laborales e institucionales. El funcionario encargado de evaluar el expediente habría reportado presiones para elaborar un informe favorable que se apartaría de los procedimientos técnicos y legales que rigen el funcionamiento cotidiano de la Unidad Nacional de Protección.
Los protocolos ordinarios de la entidad exigen una verificación asertiva apoyada en medios tecnológicos, análisis de seguridad territorial y evidencias documentales que confirmen la existencia de un riesgo real y directo contra la vida del solicitante. Sin embargo, según lo expuesto por la organización sindical, en los registros oficiales de la institución Juliana Guerrero no figura acreditada formalmente con una trayectoria activa como defensora de derechos humanos ni como dirigente de causas sociales que sustenten una condición de vulnerabilidad especial.
La preocupación central de los trabajadores radica en que la alteración de los criterios institucionales vulnera la objetividad del organismo público. Los analistas de riesgo están obligados a ceñirse exclusivamente a las evidencias objetivas recopiladas en el territorio para evitar la instrumentalización de las medidas de protección y asegurar un uso transparente de los recursos presupuestales del Estado.
Grabaciones de audio y señalamientos sobre directrices administrativas
Entre los elementos presentados por la representación sindical figura una grabación de audio que Guerrero habría enviado a través de WhatsApp al analista encargado de examinar su caso. En el registro sonoro, según las declaraciones sindicales, la exfuncionaria afirma que la instrucción de ajustar su perfil proviene directamente del presidente Gustavo Petro y debe ser tramitada a través de Augusto Rodríguez, director general de la Unidad Nacional de Protección.
En el material citado por los voceros, Guerrero indica al analista la necesidad de modificar la descripción de su rol social ante la entidad con el fin de evitar la pérdida o reducción de sus esquemas de protección. Asimismo, en la conversación se menciona que se encontraba en trámite la expedición de un certificado de militancia del partido Polo Democrático, documento que serviría de soporte para clasificarla formalmente bajo la figura de activista política.
Estas revelaciones han generado inquietud al sugerir la posible interferencia de criterios políticos en decisiones que deben responder exclusivamente a evaluaciones técnicas de seguridad. Las directivas de los sindicatos recalcaron que ninguna asignación o modificación de esquemas de protección debe otorgarse al margen de los estudios técnicos e imparciales que demanda la normativa vigente.
Evaluación del nivel de riesgo y el debate sobre la transparencia estatal
Uno de los puntos centrales cuestionados por Analtraseg es el resultado de los análisis de vulnerabilidad previamente ingresados en el sistema de la institución. Según precisó el representante sindical, los estudios practicados a Juliana Guerrero señalan que la funcionaria no registra un nivel de riesgo extraordinario que justifique legalmente la asignación o el fortalecimiento de medidas especiales de seguridad por parte del Estado.
La normativa de la Unidad Nacional de Protección establece que las medidas financiadas con fondos públicos deben responder a la presencia confirmada de amenazas comprobables. Cuando las evaluaciones determinan la ausencia de un riesgo elevado, las normas disponen la reducción gradual o el retiro definitivo de las medidas de protección asignadas. En este contexto, el intento de modificar la condición de la persona protegida mediante certificados partidistas representa, según los denunciantes, una estrategia irregular para evitar el retiro del esquema.
El caso expuesto por los sindicatos reabre el debate nacional sobre la gestión de las medidas de protección estatal, el rigor de los procesos internos de la entidad y la necesidad de preservar la independencia técnica frente a presiones políticas. Mientras las organizaciones de trabajadores solicitan garantías para los analistas de riesgo, la opinión pública permanece a la espera de pronunciamientos oficiales por parte de la dirección institucional y de las partes señaladas.
