Las recientes declaraciones del exdirector de la Policía Nacional, el general retirado Henry Sanabria, y la posterior respuesta de la actual embajadora de Colombia ante el Reino Unido, Laura Sarabia, han abierto un debate público en torno a la independencia operativa de la Fuerza Pública y la naturaleza de las directrices emitidas por la Presidencia de la República.
El diferendo expone dos interpretaciones opuestas sobre la comunicación y la toma de decisiones en materia de orden público durante el periodo en que ambos coincidieron en la gestión institucional.
La versión del general (r) Henry Sanabria: Señalamientos de interferencia
Por un lado, el general en retiro Henry Sanabria sostuvo en declaraciones públicas que desde la Presidencia de la República se emitieron directrices orientadas a frenar, aplazar o modificar el curso de ciertos procedimientos policiales y militares en el territorio nacional. Según la postura del oficial retirado, estas acciones habrían condicionado el accionar de las autoridades en momentos críticos, sugiriendo una presunta intencionalidad política o de negociación en la suspensión de los operativos de seguridad.
Sanabria ha argumentado que las dinámicas impuestas desde el despacho presidencial afectaron la autonomía de la institución policial, sembrando dudas sobre los criterios utilizados para la gestión del orden público y el respaldo a las tropas en el terreno de operaciones.
La versión de Laura Sarabia: Defensa de la legalidad institucional
Por otro lado, Laura Sarabia, quien se desempeñaba como jefa de gabinete en el periodo en mención, desmintió de manera categórica la versión del uniformado en retiro durante una entrevista concedida a Caracol Radio. La diplomática aseguró que en ningún momento el jefe de Estado solicitó o presionó para la parálisis de las funciones legítimas de la Fuerza Pública, afirmando textualmente: “Jamás el presidente me pidió suspender operaciones”.
De acuerdo con la versión de la funcionaria, la relación con la cúpula militar y de policía siempre se rigió bajo los parámetros constitucionales y canales oficiales, y las órdenes emitidas respondieron estrictamente a criterios técnicos de seguridad nacional y articulación institucional, desestimando cualquier señalamiento de cooptación u obstrucción de la justicia.
