La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa contra el exministro de Defensa, Iván Velásquez Gómez, y el exalto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda. La medida responde a presuntas irregularidades dentro del marco de la política de ‘Paz Total’, tras la filtración de una serie de audios que sugieren supuestos ofrecimientos de beneficios estatales al grupo armado ilegal Clan del Golfo durante el inicio de la administración del presidente Gustavo Petro.
La apertura de este expediente disciplinario también involucra al exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Jorge Arturo Lemus Montañez, y a Ricardo Rey Rosanía, quien se desempeñaba como jefe de contrainteligencia de la misma entidad.
Los audios de la polémica y los supuestos compromisos
El caso tomó relevancia pública luego de que Noticias Caracol divulgara un material de audio en el que presuntamente se escucha al entonces alto comisionado, Danilo Rueda, detallar diversos compromisos institucionales orientados a favorecer la posición del Clan del Golfo en sus áreas de influencia. De acuerdo con las pruebas recopiladas por el medio de comunicación, las concesiones habrían incluido el compromiso de frenar operaciones militares, imponer limitaciones a los bombardeos aéreos y adelantar una revisión exhaustiva en la política de extradición de los principales cabecillas de la estructura criminal.
Asimismo, las grabaciones sugieren que el Gobierno se habría comprometido a aplicar una supuesta «depuración» o limpieza interna en los organismos de inteligencia de la Fuerza Pública (tanto policial como militar). Lo anterior con el objetivo de apartar a aquellos uniformados que desobedecieran las directrices del Ejecutivo de frenar las acciones ofensivas contra dicha banda delincuencial.
Aunque originalmente la narrativa oficial del Gobierno argumentaba que la profunda reestructuración de la cúpula militar y policial realizada en los primeros meses del mandato obedecía estrictamente a la lucha contra los fenómenos de corrupción interna, los audios conocidos sugieren la posibilidad de que estos relevos hubiesen estado vinculados de manera directa a los acercamientos iniciales con el Clan del Golfo.
Lobby legislativo y supuestos nexos con el narcotráfico
La indagación del Ministerio Público no se limita únicamente al presunto cese de acciones militares en territorio rural. Los antecedentes que maneja el ente de control disciplinario apuntan también al desarrollo de polémicas reuniones al interior de la propia sede de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).
En concreto, el documento emitido por la Procuraduría hace mención a una reunión particular sostenida entre el exdirector de la entidad, Jorge Lemus, y el exesmeraldero y exnarcotraficante Edward Ferney Rincón, conocido bajo el alias de ‘Boyaco Sinaloa’. Según las investigaciones preliminares, Lemus le habría solicitado a Rincón utilizar sus presuntos contactos políticos para realizar labores de lobby en el Congreso de la República.
El propósito de esta gestión informal era impulsar la aprobación de un proyecto de ley gubernamental diseñado para facilitar el sometimiento a la justicia de los integrantes del Clan del Golfo y de otras organizaciones del crimen organizado. Además, el organismo disciplinario busca esclarecer las gestiones adelantadas para abrir nuevos canales directos de comunicación con los máximos comandantes de este grupo armado ilegal de cara al año 2025.
El alcance de la decisión disciplinaria
En el auto formal de apertura de la actuación, el despacho de la Procuraduría consideró que resulta jurídicamente «procedente el inicio de una indagación previa con el fin de identificar los hechos, conductas y posibles responsables de las acciones que reporta Noticias Caracol». Para la institución, dichos episodios revisten, de manera preliminar, una indudable gravedad y relevancia en el ámbito del derecho disciplinario.
«En tanto el informe que da origen a la actuación identifica a los señores Iván Velásquez Gómez, Iván Danilo Rueda, Jorge Lemus y Ricardo Rey Rosanía, en sus calidades de ministro de defensa nacional, comisionado de paz, director y subdirector nacional de inteligencia, respectivamente, como posibles responsables de los hechos denunciados», puntualizó el ente de control en su pronunciamiento legal.
Con este paso, la Procuraduría General de la Nación entra a determinar si las acciones u omisiones de los altos funcionarios constituyeron faltas disciplinarias frente al ordenamiento legal colombiano y el correcto ejercicio de la función pública, en medio del fuerte debate que rodea los alcances y la transparencia de las negociaciones de paz en el país.
