La plenaria del Senado de la República de Colombia aprobó en su último debate un trascendental proyecto de ley que reforma de manera estructural el modelo para el otorgamiento y control de las licencias de conducción en todo el territorio nacional. La nueva normatividad introduce un esquema de control dinámico, bajo el cual la vigencia de la autorización para manejar estará directamente vinculada al comportamiento vial de cada ciudadano.
A través de esta iniciativa parlamentaria, las licencias pasarán a medirse formalmente mediante un sistema de puntuación acumulativa y descontable. De este modo, los conductores verán disminuidos sus puntos de forma proporcional, dependiendo exclusivamente de la gravedad de las infracciones de tránsito en las que incurran en las vías públicas.
Gradualidad para novatos y penalizaciones por gravedad
De acuerdo con las declaraciones entregadas por el senador Julio Elías Vidal, principal promotor y ponente de la iniciativa legislativa, el acceso final al documento de conducción dejará de ser inmediato y se transformará en un proceso progresivo orientado a evaluar el desempeño real de quienes se encuentran frente al volante. El parlamentario detalló que el espíritu de la norma busca premiar las buenas prácticas en la vía y mitigar el riesgo de siniestralidad.
El sistema establece que, al momento de expedirse el documento por primera vez, el conductor ingresará en una categoría inicial de monitoreo. Si la persona completa su primer año de conducción sin cometer ningún tipo de contravención a las normas viales, el sistema automatizado le asignará la totalidad de las atribuciones legales para la conducción plena.
Por el contrario, si el ciudadano comete infracciones durante este lapso preventivo, el otorgamiento de la licencia plena para conducir se postergará hasta completar un periodo de dos años. Durante este ciclo de transición, el conductor considerado «novato» deberá someterse a estrictas restricciones preventivas orientadas a garantizar la seguridad colectiva en carreteras. Entre las limitaciones contempladas por la ley se incluyen un límite de velocidad diferenciado en vías nacionales, restricciones respecto al número máximo de pasajeros permitidos según las especificaciones del automotor, y la obligación de portar visiblemente un distintivo como conductor novato.
El mecanismo del descuento: de la suspensión a la cancelación de por vida
El funcionamiento del esquema punitivo se basa en un inventario de puntos que disminuye conforme se dictan los respectivos comparendos viales. El diseño de la escala sancionatoria contempla pérdidas que oscilan entre los 4 puntos para faltas de carácter menor, y descuentos drásticos de hasta 10 puntos en aquellos escenarios catalogados como faltas gravísimas o de alto peligro, tales como el conducir en estado de embriaguez.
El engranaje sancionatorio operará de la siguiente manera:
- Asignación inicial: A cada licencia de conducción expedida en el país se le asignará un saldo base de 26 puntos.
- Primera pérdida total: En la medida en que se acumulen reportes de tránsito, el saldo se irá reduciendo progresivamente. Al momento de llegar a cero puntos, la licencia quedará automáticamente cancelada por un periodo inicial de nueve meses.
- Reincidencia y segunda pérdida: Transcurrido el tiempo de la primera sanción, el sistema restablecerá los puntos al ciudadano. No obstante, si el usuario vuelve a agotar su saldo y desciende nuevamente hasta el nivel cero, la penalidad se elevará y el documento será cancelado por un término de 12 meses.
- Tercera reincidencia definitiva: La normativa contempla una cláusula de exclusión definitiva para los infractores crónicos. Si un conductor llega a vaciar su saldo de puntos por una tercera ocasión, la autoridad de tránsito procederá con la cancelación de la licencia de conducción de por vida.
Es importante destacar que el nuevo esquema enfocado en la aptitud vial no sustituye, bajo ninguna circunstancia, el régimen económico vigente. La pérdida de puntos coexistirá con las sanciones pecuniarias y multas de tránsito correspondientes que dictaminan las autoridades policiales y de control de movilidad al momento de configurarse la falta. Por otra parte, la legislación salvaguarda el derecho a la defensa ante situaciones excepcionales viales, ya que la licencia también podría suspenderse transitoriamente por una imposibilidad médica de fuerza mayor, evento ante el cual el afectado conservará la facultad de apelar y solicitar una nueva evaluación médica especializada para recuperar sus derechos de tránsito.
Modificaciones en el texto y trámite constitucional final
Durante la fase de debates y deliberación de las plenarias, el cuerpo legislativo aplicó modificaciones sustanciales al documento original con el fin de asegurar el respaldo de las distintas bancadas y evitar un impacto económico desmedido sobre el bolsillo de los propietarios de vehículos en Colombia.
La modificación de mayor relevancia consistió en la eliminación definitiva de un polémico artículo que pretendía obligar a todos los conductores del país a adquirir y sufragar un seguro obligatorio adicional, el cual operaría de forma completamente independiente al ya tradicional Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT). La propuesta de crear este nuevo gravamen de aseguramiento privado no encontró eco ni respaldo político entre la mayoría de los congresistas, razón por la cual fue excluida de forma unánime del articulado final.
Tras haber superado con éxito sus cuatro debates reglamentarios en el Capitolio Nacional, el proyecto normativo entra ahora en su etapa de cierre constitucional. El texto deberá someterse al correspondiente proceso de conciliación entre las comisiones del Senado de la República y la Cámara de Representantes. Una vez sea aprobado este trámite de unificación de textos en ambas células legislativas, el proyecto de ley será remitido formalmente al despacho del Poder Ejecutivo para recibir la correspondiente sanción presidencial por parte del Jefe de Estado, paso final con el cual se convertirá oficialmente en ley de la República y comenzará su implementación gradual en todo el territorio colombiano.
