La Fiscalía General de la Nación imputó al exsecretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores, José Antonio Salazar Ramírez, como presunto responsable de los delitos de prevaricato por acción y enriquecimiento ilícito de servidor público. Cargos no aceptados.
Los hechos que se le atribuyen están relacionados con las posibles irregularidades detectadas en la adjudicación del contrato para la expedición, almacenamiento y entrega de libretas de pasaportes hasta el 31 de julio de 2026, por un valor de 559.000 millones de pesos.
El entonces secretario emitió las resoluciones 1394, 1395 y 1396 del 26 de febrero de 2024, por medio de las cuales revocó el acto administrativo que declaró desierta la licitación y negó el recurso de reposición interpuesto por el postulante que buscaba quedarse con el contrato, y dio por terminada anticipadamente la urgencia manifiesta que suspendió el proceso contractual. De esta manera, dio vía libre a la adjudicación del contrato al único proponente.
De acuerdo con los elementos materiales probatorios, con estas actuaciones habría excedido sus competencias, en el entendido de que solo tenía funciones administrativas y de coordinación institucional, y no contaba con autonomía para reabrir y adjudicar procesos contractuales cerrados.
De otra parte, se conoció que Salazar Ramírez, quien ocupó el cargo de secretario general entre el 18 de agosto de 2022 y 26 de febrero de 2024, adquirió durante ese periodo un predio rural en Puerto López (Meta), por valor de 950 millones de pesos, sin tener una justificación financiera. No se advierten transferencias o créditos ni soportes bancarios o patrimoniales que soporten la compra de los inmuebles.
