La Fiscalía General de la Nación revocó la suspensión de órdenes de captura contra 16 de los 23 cabecillas de bandas criminales de Medellín que habían sido beneficiados en el marco de los llamados diálogos sociojurídicos con el Gobierno. La decisión quedó consignada en la resolución 0-0079, con la que el ente acusador reversó parcialmente una medida que había generado polémica por involucrar a estructuras del crimen organizado.
Entre los afectados por la revocatoria se encuentran varios de los jefes delincuenciales que participaron en el denominado ‘tarimazo’ realizado en La Alpujarra, en Medellín, evento en el que estuvieron presentes junto al presidente Gustavo Petro en el marco de anuncios relacionados con procesos de paz urbana. Todos ellos tienen antecedentes por delitos como homicidio, extorsión y secuestro.
La principal razón expuesta por la Fiscalía fue una omisión en la información entregada por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Según el ente acusador, en la solicitud inicial no se indicó que 16 de los beneficiados ya se encontraban privados de la libertad cumpliendo condenas, lo que hacía improcedente la suspensión de órdenes de captura en esos casos.
En segundo lugar, la Fiscalía reiteró que este tipo de beneficios tiene un carácter excepcional y transitorio, limitado exclusivamente a facilitar acercamientos con voceros designados por el Gobierno dentro de la política de ‘paz total’. En ese sentido, recordó que la normativa vigente, respaldada por decisiones de la Corte Constitucional, no elimina la obligación de las autoridades de hacer efectivas las órdenes de captura cuando corresponda.
Como tercer punto, el ente acusador enfatizó que no tiene facultades para excarcelar ni modificar las condiciones de reclusión de personas que ya están en el sistema penitenciario. En consecuencia, quienes se encuentran detenidos o cumplen condenas no pueden ser cobijados por este tipo de medidas, que en ningún caso implican beneficios sobre su situación jurídica o carcelaria.
Pese a la revocatoria, siete cabecillas continuarán con la suspensión de órdenes de captura, al cumplirse en sus casos los requisitos legales. Entre ellos figura alias “El Montañero”, señalado líder de una estructura criminal con presencia en varias regiones del país. La decisión mantiene abierto el debate sobre el alcance de estos mecanismos dentro de la política de negociación con organizaciones ilegales.
El caso también generó reacciones desde distintos sectores. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, cuestionó la medida y advirtió sobre posibles contradicciones entre el trabajo de las autoridades y los mensajes institucionales frente al crimen organizado. Según indicó, este tipo de decisiones puede afectar la confianza en la acción judicial y en los procesos de investigación contra estas estructuras.
