He estado un poco ausente en los últimos días y sé que muchos esperaban verme sentada en la mesa de negociación de la concesión Autopistas del Café y los peajes que afectan nuestra región. Sin embargo, tomé la decisión consciente de bajar mi perfil en las movilizaciones y plantones hasta que pase el actual periodo electoral. Esta determinación nace de una convicción profunda: un peaje no te pregunta por quién votaste cuando pasas por él, y no permitiré que una lucha social tan legítima sea catalogada como un simple proceso político-electoral o utilizada como plataforma de campaña. No obstante, que no esté físicamente en las barreras no significa que no esté vigilante; por el contrario, sigo firme en la propuesta que he movilizado durante años a través de mis charlas, videos y activismo, especialmente ahora que nos acercamos a un momento coyuntural definitivo.
La concesión de Autopistas del Café llega a su fin contractual el próximo febrero, lo que implica una reversión de la infraestructura hacia el Invías. Este es el escenario perfecto para reestructurar de raíz el número de peajes y sus tarifas en nuestra región. Actualmente contamos con siete peajes, pero la propuesta técnica que defendemos es clara: deben desmontarse los cuatro de menor recaudo para aliviar la carga sobre los ciudadanos y transportadores. No es una petición sin fundamento; buscamos que la movilidad deje de ser un privilegio costoso y se convierta en un motor de desarrollo.
Para los peajes que quedarían —Corozal, Tarapacá II y Circasia—, la exigencia es una reducción de las tarifas a más de la mitad de su costo actual. Con ese recaudo reducido es más que suficiente para garantizar exclusivamente el mantenimiento preventivo y correctivo de la vía, sin generar los excesos de utilidad que hemos visto en décadas pasadas. Pero más allá del dinero, hay un tema de voluntad institucional que me preocupa profundamente. Aunque en la mesa se ha dicho que el Gobierno Nacional rechaza la IP Conexión Centro, lo cierto es que hoy no existe un documento oficial ni un pronunciamiento formal de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) que lo respalde.
Necesitamos ese documento técnico y social que descarte cualquier intención de mantener peajes a distancias tan cortas y con tarifas tan elevadas bajo nuevas concesiones estructuradas con la misma lógica del pasado. Mi compromiso sigue intacto: no vamos a permitir más concesiones que ignoren la realidad económica de quienes habitamos el Eje Cafetero. La lucha por una infraestructura justa continúa, con la mirada puesta en que el fin de este contrato sea, por fin, el inicio de un modelo de transporte digno para todos nosotros.
