En un escenario de alta tensión jurídica y política, la senadora María Fernanda Cabal procedió a realizar una rectificación pública tras los fallos emitidos por los juzgados 45 Civil Municipal y 58 Civil del Circuito de Bogotá. Esta medida surge como respuesta a una acción de tutela interpuesta por la Defensoría del Pueblo, la cual argumentó que las opiniones expresadas por la congresista el pasado 29 de octubre de 2025 vulneraban el derecho a la información veraz al no ajustarse a la verdad judicial establecida sobre el exterminio de la Unión Patriótica (UP).
El núcleo de la controversia se remonta a una entrevista concedida por Cabal al medio La Silla Vacía, donde la senadora manifestó visiones sobre el conflicto armado y la victimización de la UP que, según la justicia colombiana, contradicen lo dictaminado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en su sentencia de julio de 2022. Aunque Cabal ha enfatizado que su cumplimiento se da bajo un marco de mandato judicial coercitivo, el acto marca un hito en la delimitación de la libertad de expresión de los funcionarios públicos frente a hechos históricos judicializados.
El sustento de la verdad judicial frente al relato político
La defensa de la senadora se ha centrado en una interpretación detallada del fallo interamericano. Según lo expuesto por Cabal, si bien la Corte IDH determinó la responsabilidad del Estado colombiano en el exterminio de la UP, el punto 26 de dicha providencia también señala la obligación estatal de impulsar investigaciones para determinar responsabilidades penales individuales. En este sentido, la congresista sostuvo que la verdad de los hechos sigue siendo objeto de indagación, mencionando que existen cerca de 96 integrantes de las FARC-EP y grupos de autodefensas vinculados a procesos por estos crímenes.
No obstante, los jueces de tutela fueron claros al señalar que las declaraciones de una figura pública con la relevancia de María Fernanda Cabal no pueden ignorar el consenso judicial ya establecido por tribunales internacionales. La sentencia de la Corte IDH es definitiva al calificar el exterminio de la Unión Patriótica como un plan sistemático donde el Estado tuvo una participación activa o por omisión. Por tanto, la justicia colombiana determinó que las afirmaciones de la senadora que calificaban estos hechos de manera distinta resultaban inexactas y requerían una corrección formal ante la opinión pública.
Libertad de expresión y el cumplimiento del Estado de Derecho
A pesar de acatar la orden, Cabal manifestó su rotundo desacuerdo con los fundamentos jurídicos de la misma. Para la senadora, esta obligación de rectificar constituye una vulneración a su derecho fundamental a la libertad de expresión política, el cual goza de una protección especial tanto a nivel constitucional como convencional. Según su postura, el obligar a un actor político a retraerse de sus convicciones sobre la historia nacional sienta un precedente que podría afectar el debate democrático en el país.
Durante su pronunciamiento, la congresista dejó constancia de que este acto no implica una renuncia a sus principios ni un cambio en su visión de la historia colombiana. «Cumplo porque creo en el Estado de Derecho y en la democracia constitucional», afirmó, subrayando que su sujeción a la verdad judicial es un acto de respeto institucional, mas no de convicción personal. Asimismo, extendió una disculpa a las víctimas y a los integrantes de la Unión Patriótica representados por la Corporación Reiniciar, tal como lo ordenaba el fallo de tutela.
El futuro de la controversia en la Corte Constitucional
El caso está lejos de cerrarse definitivamente. Cabal anunció que ha interpuesto las acciones legales pertinentes y que confía en que la Corte Constitucional revise estas decisiones para restablecer su derecho a opinar libremente. La revisión de esta tutela por parte del máximo tribunal constitucional será clave para definir si existe un límite infranqueable para los políticos al cuestionar verdades judiciales que forman parte de la memoria histórica del país.
Este episodio refleja la profunda división que persiste en Colombia sobre la interpretación del conflicto armado. Mientras las organizaciones de víctimas celebran la rectificación como un acto de justicia y respeto a la memoria, los sectores cercanos a la senadora lo ven como un intento de imponer una «verdad oficial» que restringe el pluralismo ideológico. Por ahora, el cumplimiento de la orden judicial se mantiene como un recordatorio del peso que las sentencias internacionales tienen sobre el discurso público nacional.
