En la lista inicial, Abelardo de la Espriella entregó los nombres de 26 congresistas de Cesar, Córdoba, Sucre, Bolívar, La Guajira, Magdalena y Atlántico, a quienes señaló de estar presuntamente relacionados con operaciones de compra de votos en distintas regiones del país. Hoy el listado crece y aparece un nombre conocido en Risaralda: Rodrigo Toro Montes, exalcalde de Santa Rosa de Cabal, el mismo que durante años ha intentado venderse como alternativo, limpio y distinto, pero cuya hoja política cada vez se parece menos a un discurso de renovación y más a un expediente de explicaciones pendientes.
Toro, que se victimiza cuando la prensa lo investiga y canta victoria incluso cuando los estrados no le dan la razón, vuelve a quedar bajo los reflectores. En la Fiscalía ya ajusta cuatro procesos con denuncias en su contra por contratos que superarían los $11.500 millones, relacionados con presunto prevaricato por acción y posibles delitos contra la administración pública. A eso se suman los frentes abiertos o conocidos ante Contraloría y Procuraduría. El “alternativo” terminó rodeado de las mismas sombras que decía combatir.
El candidato a la presidencia, De la Espriella, lo mete en el radar de una presunta red de compra de votos y el nombre de Rodrigo Toro deja de ser apenas un problema local de Santa Rosa de Cabal para convertirse en una ficha mencionada en una denuncia política de alcance nacional. Es imposible ignorar este patrón, donde aparece Toro, aparecen contratos cuestionados, denuncias, investigaciones, tutelas fallidas, explicaciones incompletas y un discurso de pureza política que ya no resiste el calvario que carga el señor.
