Los desastres se miden casi siempre en cifras: millones de pesos, kilómetros de vía dañada, toneladas de escombro. Pero la fractura real de una catástrofe no está en el concreto, sino en el tejido social que queda roto detrás. El exgerente del FOREC, Everardo Murillo Sánchez, lo ha dicho con precisión: atender una emergencia exige una verdadera ingeniería social, capaz de «gerenciar el dolor» con la misma seriedad con que se levantan las viviendas. Una reconstrucción que deja de lado la salud mental de los afectados termina construyendo estructuras vacías sobre comunidades que siguen emocionalmente rotas.
La experiencia internacional es clara en algo: los desastres peor gestionados son casi siempre los más centralizados, los diseñados desde un escritorio lejos del territorio que sufre. El Banco Mundial lo documentó hace años en su manual sobre reconstrucción comunitaria: los procesos de recuperación funcionan mejor, cuestan menos y duran más cuando las víctimas dejan de ser receptoras de ayuda y pasan a decidir sobre su propio proceso. Involucrar a la comunidad no es un gesto simbólico: acelera la superación del trauma colectivo y mejora el uso de los recursos.
A eso se suma la confianza institucional. La Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres ha insistido en que la velocidad de una recuperación depende de que haya coordinación real con alcaldes, gobernadores y los propios dueños de las viviendas. Y hay algo que se repite en cada catástrofe: el miedo ciudadano rara vez es que falte plata, sino que esa plata se maneje con opacidad. La transparencia, más que el presupuesto, es lo que devuelve certeza a una ciudad en caos.
Hay un tercer obstáculo que casi nadie nombra: el jurídico. Los expertos se concentran en el diseño sismorresistente y olvidan que los mayores frenos suelen ser legales, no técnicos. Las regulaciones obsoletas de propiedad horizontal se convierten en una trampa cuando hay que reconstruir edificios multifamiliares colapsados. Levantar una ciudad de nuevo no solo requiere ingenieros evaluando terrenos: requiere reformas jurídicas que flexibilicen los esquemas de copropiedad, porque sin ellas ni el mejor diseño puede construirse.
Reconstruir después de un desastre natural es, ante todo, un ejercicio humano. Descentralizar decisiones, exigir transparencia y destrabar lo legal no son medidas técnicas aisladas: son la diferencia entre una ciudad que se repara y una que solo se reconstruye por fuera.
ORLANDO PARRA G
