Álvaro William López Ossa · DENUNCIA · 10 de noviembre de 2026
A noventa días del devastador movimiento telúrico que sacudió la región, el panorama en la ciudad de Pereira continúa siendo crítico y desolador. Miles de familias permanecen viviendo a la intemperie, resguardadas bajo estructuras improvisadas de plástico y tela, expuestas a las inclemencias del clima, como el intenso sol y las constantes lluvias. La población damnificada se encuentra distribuida entre los alojamientos temporales dispuestos por la administración municipal, espacios improvisados en las vías públicas y viviendas de vecinos o familiares que prestan auxilio de manera solidaria.
La desesperación entre la ciudadanía aumenta con el paso de las jornadas, pues los alivios económicos anunciados por el Gobierno nacional no han llegado en la proporción prometida. De los tres subsidios destinados para el pago de arriendos temporales, la comunidad reporta que hasta la fecha solo han recibido un único desembolso, acompañado de ayudas materiales que califican de meramente simbólicas. Esta falta de recursos financieros agrava la situación de vulnerabilidad extrema de miles de personas que lo perdieron todo durante el sismo y que hoy no cuentan con un techo seguro ni garantizado.
La crisis humanitaria se refleja también en el sistema educativo local. En varios puntos de la ciudad, los niños continúan asistiendo a clases en carpas instaladas en zonas abiertas, careciendo de la infraestructura básica y de las condiciones pedagógicas e higiénicas adecuadas. Esta interrupción en el aprendizaje formal genera un profundo impacto en la infancia de la zona, que debe afrontar el trauma psicológico de la tragedia acumulado con la falta de espacios seguros e institucionales para su desarrollo.
Colapso comercial, pérdida de empleos y el peligro inminente de las ruinas
El impacto económico del desastre natural ha golpeado severamente al tejido productivo local. Las cifras oficiales y de los gremios registran que más de 7.000 comerciantes resultaron afectados directamente por la destrucción de sus locales e inventarios. Para mantener algún tipo de ingreso, una gran cantidad de vendedores se ha visto en la necesidad de exhibir y expender sus mercancías en carpas situadas a lo largo de las calles, conviviendo con la mugre, el tráfico vehicular y la volatilidad del clima.
Esta contracción en la actividad productiva y la infraestructura comercial mantiene en un estado de extrema fragilidad la estabilidad laboral de la ciudad. Se calcula que alrededor de 85.000 puestos de trabajo se encuentran tambaleando a raíz de la parálisis económica y el cierre masivo de negocios. Los comerciantes señalan que el tejido empresarial no podrá resistir mucho más tiempo sin un rescate financiero efectivo y la reactivación real del comercio local.
A la crisis social y comercial se suma el riesgo constante que representan las estructuras físicas comprometidas en el casco urbano. En Pereira, más de 1.200 edificaciones se encuentran diagnosticadas con daños estructurales severos y están a la espera de un proceso de demolición técnica. La presencia de estos inmuebles en riesgo de colapso representa una amenaza latente para la vida de los transeúntes, en un contexto epidemiológico de constante angustia donde la tierra continúa presentando réplicas sísmicas con regularidad.
La mirada fija en el cielo y la incertidumbre frente a la gestión de Bogotá
El clima que se respira en la capital risaraldense es de permanente zozobra. Los habitantes afirman que cada día miran hacia el cielo no para contemplar el firmamento, sino con el temor constante y la angustia de que un edificio inestable o una pared agrietada caiga sobre sus cuerpos. Los días para la población afectada se han vuelto grises y cargados de desesperanza, situación que se repite en otros departamentos del país que sufrieron los embates del mismo fenómeno telúrico y que enfrentan un abandono institucional similar.
El punto central del malestar ciudadano apunta directamente hacia la capital del país y la burocracia administrativa. Los damnificados elevan un llamado vehemente al Presidente Abelardo para que responda cuándo comenzarán a operar de manera efectiva los recursos del denominado Fondo Milagro. Existe una preocupación generalizada de que lo poco que no destruyó el movimiento telúrico termine siendo destruido por la lentitud de las gestiones gubernamentales desde Bogotá, mientras el dinero prometido a nivel mediático no aterriza en las finanzas de las familias vulnerables.
Frente a este horizonte, la incertidumbre hacia el futuro a mediano y largo plazo, proyectándose inclusive hacia el año 2027, consume las expectativas de la región. Las comunidades afectadas insisten en que la atención de una emergencia no puede limitarse a la etapa inicial de rescate, e instan a las autoridades nacionales a agilizar los procesos administrativos para la reconstrucción de las viviendas, la demolición de inmuebles peligrosos y la reactivación socioeconómica de los departamentos damnificados.
