Por: Luis Alberto Vargas Ballén
Nos enfrentamos una vez más a una de las tácticas más cuestionables en la gestión de la infraestructura vial del país: la posible prórroga de una concesión hasta octubre de 2027 bajo el argumento falaz de que supuestamente no se ha alcanzado la Tasa Interna de Retorno (TIR). Pretenden engañar al Ministerio de Transporte haciendo creer que los números no cuadran, cuando la realidad en las regiones cuenta una historia completamente distinta.
Al revisar apenas un fragmento del recaudo —enfocándonos en la caseta de Circasia y analizando una pequeña ventana de tiempo—, los hallazgos son alarmantes. Encontramos más de 31 registros de días donde la información de los vehículos que transitan simplemente no fue contabilizada en su totalidad.
Esta ausencia y alteración de registros demuestra que los recaudos no se están reportando de manera transparente ni ante la interventoría ni ante la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). Y aquí surge la pregunta inevitable: si en una sola caseta y en un periodo reducido se detectan estas inconsistencias, ¿qué no habrá ocurrido a lo largo de los 29 años que lleva operando esta concesión y en el total de sus siete peajes?
No nos pueden seguir engañando. Diversos investigadores y veedurías han señalado reiteradamente que la recuperación del capital y la rentabilidad esperada se lograron hace años. Extender los plazos bajo excusas técnicas infundadas es un atropello contra los ciudadanos que a diario dinamizan la economía y sufren el costo de movilizarse por su propio territorio.
Hacemos un llamado categórico y urgente a la Ministra de Transporte, al Presidente de la República, a la ANI, a la interventoría y, de manera especial, al Contralor General de la República: es imperativa la realización de una auditoría forense integral. No basta con mirar de reojo; se requiere una revisión profunda y exhaustiva para identificar plenamente los flujos reales de recaudo en los siete peajes de esta concesión.
La ciudadanía no seguirá tolerando abusos ni prórrogas injustificadas. Estaremos firmes, organizados y listos para dar la batalla en defensa de los recursos públicos y de la dignidad de las regiones.
