En un giro político de gran impacto para el Cono Sur, el presidente de Paraguay, Santiago Peña, presentó su renuncia irrevocable al cargo. Esta decisión se produjo de manera sorpresiva este jueves, en medio de una profunda tormenta institucional desatada por la intervención de Ueno Bank, una de las entidades financieras privadas más importantes del país y a la cual el exmandatario había sido estrechamente vinculado. La abrupta dimisión ocurrió pocas horas antes de que el Congreso Nacional iniciara los debates formales para someterlo a un juicio político.
El detonante financiero: Colapso y congelamiento de ahorros
La crisis que precipitó la caída del gobierno de Peña comenzó tras las alarmantes irregularidades detectadas en Ueno Bank, una institución financiera que gestionaba los fondos de millones de usuarios en el territorio nacional. Según los informes técnicos emitidos por el Banco Central del Paraguay, el índice de solvencia de la entidad experimentó una estrepitosa caída, situándose por debajo del 50 % del mínimo exigido por la ley. Esta situación crítica quedó al descubierto a raíz de las modificaciones y ajustes obligatorios introducidos en los estados financieros durante las auditorías de regularización.
Como consecuencia directa de este procedimiento de disolución y resolución bancaria, los ahorros de miles de ciudadanos quedaron totalmente congelados, generando un clima de profunda incertidumbre y malestar social. Cabe destacar que Ueno Bank no era una entidad menor dentro de la economía cotidiana; su presencia abarcaba desde el patrocinio oficial de diversos equipos de fútbol local y de la selección nacional de Paraguay, hasta el financiamiento y respaldo de eventos de gran magnitud internacional, como la etapa local del Mundial de Rally. La gravedad del asunto escaló exponencialmente al revelarse que, durante la gestión de Peña, el banco privado había recibido millonarios recursos provenientes de organismos públicos, entre los que destaca el Instituto de Previsión Social (IPS), entidad encargada de administrar las pensiones de la gran mayoría de los trabajadores paraguayos.
Presión en el Congreso y disculpa pública
Mientras la tensión social crecía en las calles, la Cámara de Diputados convocó de urgencia a una sesión extraordinaria con el único propósito de debatir y aprobar el enjuiciamiento político contra el jefe de Estado. Al momento en que el mandatario hizo pública su dimisión a través de un mensaje difundido en la red social X, las deliberaciones parlamentarias ya superaban las dos horas de duración.
En su alocución oficial, Peña reconoció estar atravesando «uno de los momentos más difíciles» de su existencia institucional y personal. El político expresó que su dimisión se fundamentaba estrictamente en la búsqueda de la paz social, la estabilidad de la nación y la preservación democrática. Asimismo, en un tono autocrítico, el exgobernante dirigió unas palabras directas a la ciudadanía: «También quiero pedir disculpas al pueblo. Si en algún momento he fallado, nunca fue mi intención defraudar la confianza que depositaron en mí». Igualmente, señaló que confiaba en que la historia se encargaría de juzgar los hechos de manera objetiva.
Futuro institucional y garantías para los afectados
Ante su salida del poder, el exmandatario hizo hincapié en la necesidad de respetar los marcos constitucionales vigentes y exigió que las autoridades competentes implementen mecanismos eficaces para salvaguardar los intereses de los ahorradores. Expresó de manera enfática su deseo de que el Fondo de Garantía de Depósitos cumpla cabalmente con su propósito institucional, asegurando la restitución íntegra de los recursos económicos a los ciudadanos perjudicados y protegiendo de este modo el patrimonio público.
Esta crisis política obligó a Santiago Peña a cancelar de última hora su agenda internacional, incluyendo su participación en la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno que se lleva a cabo en Madrid. Tras la vacancia presidencial, la línea de sucesión constitucional establece que el vicepresidente de la República, Pedro Alliana, asuma la primera magistratura del país para intentar calmar las tensiones y devolver la gobernabilidad a una nación profundamente sacudida en su sistema financiero y político.
