Un nuevo escándalo sacude a la rama judicial en el país tras conocerse un polémico fragmento audiovisual de una audiencia virtual celebrada en el departamento de Caldas. Durante la diligencia, una funcionaria del ente acusador se presentó en un aparente estado de embriaguez, lo que generó un profundo rechazo entre los asistentes, la procesada y los gremios de juristas, quienes ya exigen sanciones disciplinarias ejemplares.
Los hechos ocurrieron en el marco de un proceso penal del Juzgado Promiscuo Municipal de Anserma, donde se evaluaba una solicitud de revocatoria de medida de aseguramiento con el propósito de obtener la libertad de una mujer privada de la libertad. Tras la negativa inicial del despacho judicial y la posterior apelación interpuesta por la defensa, se le otorgó el espacio reglamentario a la delegada del órgano investigador para pronunciarse jurídicamente sobre el recurso. No obstante, en lugar de una exposición técnica, la sesión derivó en una situación catalogada por los intervinientes como inaceptable.
Declaraciones confusas, lenguaje inadecuado y reclamos de la procesada
En la grabación, cuya duración aproximada es de ocho minutos, la funcionaria fue identificada plenamente como Silvana Uribe. Desde el inicio de su turno al aire, la fiscal evidenció notables dificultades en la vocalización, arrastrando las palabras y perdiendo la ilación jurídica de su discurso. Lejos de mantener el decoro institucional exigido para los estrados judiciales, la abogada recurrió a expresiones coloquiales y descalificativas que causaron sorpresa e incomodidad generalizada.
“Que mantenga incólume y que mantenga firme la decisión de la primera instancia que hizo su jueza de control de garantías. Que lo hizo conforme a derecho, porque ahí le trajeron pruebas bacanas, chéveres. Los mismos bandidos, marica. Los mismos manes que trabajaban con mi queridísima imputada”, expresó la funcionaria en plena audiencia virtual.
Ante la imposibilidad de comprender el mensaje y la evidente desmejora en su condición psicomotriz, la propia procesada, identificada como Sandra, alzó su voz para exigir recato y altura durante la diligencia. Con evidente indignación, la detenida interrumpió el trámite para señalar de manera directa la situación:
“Me parece una falta de respeto con la señora fiscal porque ella está borracha. Y yo como ser humano merezco respeto. Así yo esté en cárcel o en un calabozo, yo merezco respeto. Y la señora fiscal está borracha”, manifestó con firmeza ante el estrado. Pese a las réplicas y al señalamiento directo, la funcionaria intentó continuar con sus alegatos, increpando a la procesada y sosteniendo que debía asumir su situación jurídica.
La intervención de la judicatura y el llamado de los penalistas
Ante el cariz que tomaba la sesión y la alteración del orden procesal, la autoridad judicial a cargo de la dirección de la audiencia determinó interrumpir de manera tajante a la representante del ente acusador. Con un tono de profunda prudencia pero de absoluta firmeza, la togada le indicó a la funcionaria que no podía continuar con su exposición debido a su condición:
“Yo creo que en este momento usted no está en condiciones de determinar la intervención con todo respeto (…) esta es una diligencia judicial que merece todo tipo de respeto y atención”, puntualizó la juez, ordenando dar por terminada la participación de la abogada para poder encauzar el trámite legal correspondiente.
El caso, que inicialmente circuló de manera fragmentada en redes sociales, escaló rápidamente a la agenda pública nacional. Versiones periodísticas, como las reveladas por la Revista Semana, confirmaron que la propia Fiscalía General de la Nación procedió a compulsar copias de manera inmediata ante los órganos de control correspondientes para iniciar una indagación formal.
Por su parte, el Colegio de Abogados Penalistas de Colombia emitió un enérgico pronunciamiento a través de sus canales oficiales, calificando el episodio como un hecho absolutamente lamentable que vulnera la dignidad de la administración de justicia. El gremio de litigantes cuestionó con vehemencia la asimetría en las consecuencias disciplinarias aplicadas a los distintos actores del sistema judicial en el país:
“Tenemos la certeza de que, si se tratara del abogado defensor, ya estaría suspendido”, denunciaron públicamente los penalistas, exigiendo a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a las directivas de la entidad investigadora un riguroso seguimiento al expediente para tomar las medidas necesarias que restituyan la confianza ciudadana en los despachos judiciales del país.
