En una acción coordinada que marca un hito en la estrategia de seguridad del área metropolitana de Pereira, las autoridades nacionales han asestado un golpe contundente a la estructura criminal autodenominada «Cordillera». A través del despliegue de la Operación Jericó, la Policía Nacional, en un trabajo conjunto con la Fiscalía General de la Nación, logró la materialización de medidas cautelares de extinción del derecho de dominio sobre dos bienes inmuebles estratégicos. Estas propiedades, ubicadas en los municipios de Dosquebradas y La Virginia, eran presuntamente utilizadas como centros neurálgicos para el almacenamiento y la distribución de sustancias estupefacientes, alimentando así el ciclo delictivo en la región.
Esta intervención no constituye simplemente una incautación aislada, sino que se enmarca dentro de una estrategia integral diseñada para cercenar la capacidad financiera de los grupos ilegales. Al atacar directamente los bienes inmuebles que sirven de soporte físico a sus actividades ilícitas, las autoridades buscan debilitar de manera sostenida las economías criminales que, históricamente, han afectado la seguridad, la convivencia ciudadana y la tranquilidad de los habitantes del departamento de Risaralda.
El desmantelamiento de la infraestructura del microtráfico
Las diligencias judiciales, lideradas por la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN), permitieron materializar las medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro sobre los inmuebles en cuestión. Según el acervo probatorio recopilado por los investigadores, estos lugares no eran residencias convencionales, sino puntos clave dentro de la cadena de suministro del microtráfico. La operatividad criminal dependía de estos espacios para el acopio de narcóticos, lo que permitía a la estructura «Cordillera» sostener sus operaciones de expendio en los municipios intervenidos.
La investigación puso de manifiesto la conexión directa entre estos inmuebles y figuras identificadas por las autoridades como dinamizadores del tráfico de estupefacientes, conocidos bajo los alias de «Felipe» y «Puma«. De acuerdo con los informes oficiales, el primero, alias «Felipe», quien operaba principalmente en el municipio de La Virginia, fue capturado el 8 de junio de 2024. Este procedimiento, que sirvió como catalizador para las investigaciones posteriores, resultó en la incautación de un cargamento significativo de 213 kilogramos de marihuana, lo que evidenció la magnitud de las operaciones logísticas que se gestionaban desde la estructura criminal. Por su parte, alias «Puma» habría utilizado uno de los inmuebles objeto de la medida cautelar no solo para el almacenamiento, sino como una herramienta para el fortalecimiento de sus actividades de microtráfico en la zona.
Un impacto financiero directo bajo la Ley 1708 de 2014
La relevancia de esta operación trasciende la confiscación física; radica en la aplicación efectiva de la Ley 1708 de 2014, que regula el régimen de extinción de dominio en Colombia. Con este marco jurídico, los bienes afectados, cuya valoración comercial asciende aproximadamente a los 400 millones de pesos, han sido puestos formalmente a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE). Este traspaso de administración es fundamental, ya que despoja a la estructura criminal de los recursos que, en última instancia, son reinvertidos para perpetuar sus actividades delictivas.
La desarticulación de estos activos representa una derrota significativa para la capacidad operativa de «Cordillera». Al privar a la organización de los espacios físicos necesarios para sus actividades, las autoridades no solo logran una victoria táctica inmediata, sino que también generan un efecto disuasorio a largo plazo. La pérdida de patrimonio y la exposición de los cabecillas desestabilizan las estructuras logísticas, obligando a estos grupos a replegarse ante la presión constante del Estado.
En conclusión, la Operación Jericó reafirma el compromiso de la fuerza pública y los organismos de control en el área metropolitana de Pereira por recuperar el control territorial. La estrategia de seguir la ruta del dinero y atacar los activos fijos de la delincuencia se consolida como la vía más eficaz para minar el poder de estas estructuras. Mientras las autoridades continúan con los procesos investigativos para determinar si existen más propiedades vinculadas a alias «Felipe» y alias «Puma», el mensaje para las comunidades es claro: el Estado mantiene una ofensiva permanente contra las finanzas ilícitas, priorizando siempre la protección de la seguridad y el bienestar de la ciudadanía en todo el departamento de Risaralda. Este operativo no solo marca un precedente en la lucha contra el microtráfico, sino que subraya la importancia de la cooperación institucional como el eje vertebrador para garantizar la paz y el orden público en los territorios.
