Un trágico hecho volvió a enlutar a las Fuerzas Militares de Colombia en el departamento del Meta. Tres uniformados del Ejército Nacional perdieron la vida en cumplimiento de su deber tras caer en un campo minado mientras adelantaban labores de registro, control territorial y protección a las comunidades en la vereda La Sombra, en jurisdicción del municipio de La Macarena.
El incidente reaviva la preocupación en la región por la persistencia del uso de artefactos explosivos improvisados, una práctica prohibida por el Derecho Internacional Humanitario (DIH) que continúa generando graves afectaciones tanto a la fuerza pública como a la población civil.
Detalles del ataque y las víctimas identificadas
El ataque ocurrió cuando unidades pertenecientes al Comando de Mantenimiento del Orden Técnico (Fuerza de Despliegue Rápido N.° 1) adelantaban operaciones de seguridad en una zona rural catalogada de alta complejidad operativa. De acuerdo con el reporte oficial emitido por la Séptima Brigada del Ejército, las víctimas mortales fueron identificadas como:
- Sargento Segundo Harold Orlando Castro Parra, con más de 12 años de trayectoria en la institución.
- Soldado Profesional Jhon Fredy Valencia, oriundo de la región y con amplio recorrido en misiones de control territorial.
- Soldado Profesional Alexander Rodríguez, adscrito al batallón de operaciones terrestres de la zona.
Tras el siniestro, tropas especializadas y personal médico militar se desplegaron en el punto para realizar las maniobras de evacuación aeromédica. Sin embargo, debido a la gravedad de las heridas provocadas por la onda explosiva y la fragmentación de los dispositivos, los tres uniformados llegaron sin signos vitales al centro asistencial más cercano.
Las autoridades militares expresaron sus condolencias a las familias de los fallecidos y aseguraron que se activaron los protocolos de acompañamiento interdisciplinario para brindar apoyo psicológico y logístico a sus allegados.
Responsables del atentado y control territorial
Según las primeras investigaciones e hipótesis de inteligencia militar, la autoría de este atentado ha sido atribuida a la Estructura Ever Castro, unidad armada que integra el Bloque Jorge Suárez Briceño. Esta facción opera de manera residual en el sur del Meta y forma parte de las disidencias de las FARC bajo el mando de alias ‘Calarcá’ (Alexander Díaz Mendoza).
La zona rural de La Macarena ha sido históricamente un corredor estratégico para los grupos armados al margen de la ley debido a su interconexión geográfica entre los departamentos de Meta, Guaviare y Caquetá. En esta parte del país, las facciones disidentes disputan el control de rutas de narcotráfico y el dominio sobre rentas ilícitas derivadas de la extorsión y la minería ilegal.
Portavoces de la institución militar señalaron que las tropas mantenían operaciones ofensivas en el área precisamente para neutralizar las acciones criminales de la Estructura Ever Castro, la cual ha instalado de manera indiscriminada minas antipersonal y explosivos para frenar el avance de las autoridades y consolidar su hegemonía territorial.
Reacciones oficiales y fortalecimiento operacional
El Comando General de las Fuerzas Militares emitió un comunicado en el que rechazó enfáticamente el uso de esta clase de artefactos y anunció la interposición de las denuncias correspondientes ante los organismos internacionales de derechos humanos.
«El empleo de campos minados no solo atenta contra la vida e integridad de nuestros soldados, sino que vulnera flagrantemente los principios del DIH, poniendo en permanente riesgo a las comunidades campesinas de la región», destacó la institución militar.
Así mismo, las autoridades locales y departamentales del Meta hicieron un llamado urgente al Gobierno Nacional para reforzar la presencia institucional y acelerar los programas de desminado humanitario en las veredas más vulnerables de La Macarena.
Como respuesta a la contingencia, la Fuerza de Despliegue Rápido ratificó que mantendrá la ofensiva en el sector con el apoyo de equipos EXDE (Explosivos y Desminado) para rastrear y neutralizar otros posibles dispositivos instalados en la vereda La Sombra y zonas aledañas, garantizando la seguridad de la población civil y la libre movilidad en el territorio.
