Un grupo de investigadores independientes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) concluyó que existen motivos razonables para sostener que Estados Unidos cometió crímenes de guerra durante sus recientes operaciones militares en Irán. Según el documento oficial elaborado para presentarse ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, las acciones armadas lanzadas por las fuerzas estadounidenses incluyeron ataques de carácter indiscriminado que resultaron en la muerte y lesión de civiles, así como en la destrucción de bienes protegidos por el derecho internacional humanitario.
El informe de los expertos pone de manifiesto una doble crisis humanitaria dentro del territorio iraní. Por un lado, la población civil sufre el impacto directo de las operaciones militares perpetradas por potencias extranjeras. Por otro lado, la ciudadanía continúa enfrentando graves violaciones de derechos humanos cometidas de manera interna por el propio gobierno iraní. A pesar de la gravedad de estas imputaciones y de los señalamientos directos a las partes involucradas, cabe destacar que ni Estados Unidos, ni Irán, ni Israel forman parte actualmente de los 47 países miembros que integran el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Impacto del uso de fuerza letal sobre la población civil
Entre los episodios documentados de mayor gravedad dentro del informe, la misión de la ONU verificó las consecuencias de los ataques ejecutados tras la ofensiva iniciada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel. En uno de los eventos documentados, se registró el lanzamiento de misiles Tomahawk contra la Escuela Primaria Shajareh Tayyebeh, una infraestructura plenamente identificable ubicada en la localidad de Minab. Este bombardeo dejó un saldo devastador de más de 150 personas fallecidas, entre las cuales se encontraban aproximadamente 120 niñas y niños.
Asimismo, el panel de especialistas reportó otro ataque aéreo registrado en la zona de Lamerd. Durante este operativo, la utilización de misiles de alta precisión provocó la dispersión de nubes de perdigones sobre las instalaciones de un complejo deportivo y varios sectores residenciales aledaños. Esta acción bélica se tradujo en la pérdida de vida de al menos 22 civiles. Para la misión de investigación, la naturaleza de este tipo de armamentos y la elección de los objetivos evidencian una falta de precauciones destinadas a evitar la afectación de la comunidad indefensa.
Escalada del control estatal y persecución de la disidencia
El análisis presentado por las Naciones Unidas también aborda detalladamente las acciones internas emprendidas por las autoridades de Teherán. La represión gubernamental se intensificó significativamente a partir de las protestas populares que iniciaron a finales de 2025, motivadas principalmente por la crisis económica y el vertiginoso aumento del costo de la vida. Ante las manifestaciones en las calles, la respuesta oficial consistió en el despliegue de una estrategia institucional destinada a suprimir violentamente cualquier forma de disidencia.
Las fuerzas de seguridad estatales emplearon fuerza letal y amparo en leyes represivas en las 31 provincias de la nación, dejando a su paso la muerte de manifestantes, incluyendo al menos a 221 menores de edad. De igual forma, la misión confirmó ataques directos contra instalaciones de centros de salud y la detención arbitraria de decenas de miles de ciudadanos. En el marco de esta estrategia de intimidación, el aparato judicial iraní utilizó la pena de muerte de manera sistemática. En el período comprendido entre marzo y agosto de 2026, por lo menos 29 hombres fueron ejecutados tras someterse a juicios acelerados. Asimismo, la ONU alertó que más de 70 personas, entre las que se cuentan cinco mujeres y tres niños, se mantenían en una situación de riesgo inminente de ejecución.
Llamado urgente a la diplomacia e investigación independiente
Frente al deterioro del escenario internacional y la vulneración de los derechos fundamentales, los investigadores de la ONU emitieron un llamado urgente a las partes en conflicto. La recomendación explícita para las administraciones de Estados Unidos, Israel e Irán es cesar inmediatamente las hostilidades armadas para frenar la pérdida de vidas humanas.
Paralelamente, los expertos instaron a las naciones que conforman el Consejo de Derechos Humanos a implementar de manera prioritaria medidas diplomáticas rápidas encaminadas a consolidar una paz duradera en la región. El informe concluye remarcando que resulta imprescindible garantizar que todas las supuestas infracciones al derecho internacional sean investigadas de forma completamente independiente, asegurando así que los responsables de tales actos rinden cuentas ante la justicia internacional y concediendo asilo político a las familias que intentan cruzar las fronteras para salvar sus vidas.
