Después del sismo del 10 de agosto, muchas entidades públicas han tenido que buscar sitios donde reubicar a sus funcionarios, mientras los ingenieros definen la habitabilidad y qué hacer con los inmuebles donde siempre han laborado.
Es importante que no se corran más riesgos. Solo basta con ver cómo algunas edificaciones resistieron el embate del temblor, mientras muchas otras no y hoy representan un peligro para quienes las ocupan.
El trabajo no se debe detener, el Estado no puede suspender sus servicios, y menos ahora cuando miles de familias deben ser censadas para que les lleguen las ayudas y auxilios. Pero el Estado debe buscar dónde ubicar a sus funcionarios con seguridad. La atención a la emergencia no puede generar otra emergencia.
El temblor del 10 de agosto dejó una lección: no todas las edificaciones resistieron. Muchas entidades públicas hoy no saben si sus sedes son habitables y han tenido que salir a buscar dónde reubicar a sus funcionarios.
No se pueden correr más riesgos. El Estado no se puede detener, porque hay miles de familias por censar y ayudas por entregar, pero tampoco puede poner en riesgo a sus propios funcionarios atendiéndolas desde estructuras que pueden colapsar.
Si el edificio no es seguro, que no se use, la vida está primero y hay que reconocer quienes han construido con la norma estructural sismoresistente que resistió el terremoto del
10 de agosto, hay que reconocer quienes han hecho las cosas bien con vocación de seguridad, servicio de parqueaderos, lobbys amplios, ascensores y espacios cómodos que permita brindar buena atención al público y a los funcionarios, porque lo que está bien hecho prevalece y demuestra su solidez y se resalta a quien lo hizo muy bien.
