A casi tres meses de la emergencia provocada por el fuerte sismo del pasado 10 de agosto, la respuesta gubernamental para mitigar el impacto en la población damnificada del departamento de Risaralda suma un hito presupuestal definitivo. El Gobierno Nacional, coordinado a través de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), formalizó la asignación de más de $95.000 millones destinados a garantizar la asistencia social y las alternativas de arrendamiento o vivienda temporal para los hogares afectados en la región.
La decisión financiera se socializó en el marco del Puesto de Mando Unificado (PMU), desarrollado bajo las directrices del gobernador Juan Diego Patiño Ochoa y liderado por la gobernadora encargada, Sandra Milena Henao Henao. Según explicaron las autoridades locales e institucionales, esta inyección económica busca amortiguar la severa crisis que dejó el movimiento telúrico, cuya magnitud en centros urbanos como Pereira generó un saldo superior a los 110.000 damnificados, miles de viviendas destruidas y un impacto considerable en los comercios locales.
Distribución de los recursos y plan de pagos pendiente
La bolsa global autorizada de $95.000 millones contempla un esquema operativo dividido en dos frentes prioritarios de desembolso:
- Financiación de fases posteriores: Un monto principal que supera los $72.000 millones garantizará el cubrimiento económico para el segundo y tercer mes de apoyo temporal a las familias inscritas.
- Nivelación del primer ciclo: Cerca de $22.000 millones se reservaron para atender de manera retroactiva a los hogares que no recibieron el primer desembolso debido a la necesidad de precisar, revisar o ajustar los censos sobre el nivel de daño estructural en sus inmuebles.
Al evaluar el balance inicial ejecutado en el territorio en conjunto con la red de servicios SuperGIROS, se confirmó que en Risaralda se efectuaron satisfactoriamente 9.975 giros, por un valor cercano a los $10.120 millones. Esta cifra equivale a un cumplimiento del 74% sobre el volumen programado originalmente.
Sin embargo, los datos técnicos expuestos por la coordinadora departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres, Diana Carolina Ramírez Laverde, indicaron que al concluir esa primera etapa quedaron rezagados 3.423 giros sin reclamar, acumulando una suma estimada en $3.474 millones. Ante esta brecha, la funcionaria aclaró que los ciudadanos que no acudieron dentro del cronograma inicial mantendrán intactos sus derechos y serán incluidos en una reprogramación oficial de giros. De igual manera, se instó a la comunidad a consultar únicamente los canales institucionales para conocer fechas e instructivos sin recurrir a intermediarios ni arriesgar su información privada.
Exigencias legislativas y seguimiento al control de los auxilios
Paralelamente al anuncio del presupuesto, el panorama institucional ha estado marcado por los debates parlamentarios impulsados por la bancada regional. En el marco de estas discusiones, la senadora María Irma Noreña instó a la dirección de la UNGRD a dar celeridad a la entrega efectiva de las partidas de arrendamiento pendientes. Tras sus solicitudes en los escenarios de control político, la congresista confirmó que la entidad proyecta la disponibilidad efectiva de los fondos en un plazo inferior a 15 días.
La senadora argumentó la urgencia de fijar fechas exactas de pago dado el tiempo transcurrido desde la tragedia y recalcó la necesidad de aplicar criterios cuantitativos rigurosos para la distribución de los auxilios, distinguiendo la proporcionalidad entre municipios de alta afectación. Asimismo, Noreña formuló dos peticiones puntuales al Ejecutivo:
- Evaluación del Registro Único de Damnificados (RUD): Se planteó revisar la opción de reabrir las inscripciones del RUD para estudiar las solicitudes de personas damnificadas que aún no figuran en las bases de datos de asistencia estatal.
- Transparencia en donaciones internacionales: Requirió informes técnicos sobre los giros y auxilios ofrecidos por naciones de cooperación internacional como China, Singapur y Suiza, exigiendo garantías sobre una repartición adaptada a las urgencias de cada zona perjudicada.
Las autoridades locales mantienen una coordinación estrecha entre el gobierno departamental y las alcaldías para auditar la validez de los censos y acelerar los planes integrales de reconstrucción.
