La seguridad es un elemento esencial en un Estado para proteger de amenazas que no permitan el desarrollo multidimensional, garantizar la vida digna de los connacionales o promover el desarrollo de los territorios. Es inevitable reconocer que el territorio nacional, desde los años 40 hasta su actualidad, ha contado con actores armados insurgentes, los cuales, en la década del narcotráfico que se enmarca en los años 70, se vincularon a estructuras económicas ilícitas, llegando a centros poblados con microtráfico y control que afectaba directamente las poblaciones urbanas y rurales, debido a que, por la falta de planeación en seguridad y déficit financieros, no se contaba a nivel nacional con tecnología y elementos de guerra que brindaran seguridad al país.
De este modo, desde la presidencia se ha liderado la seguridad como eje fundamental para promover el bienestar colectivo, el desarrollo y la protección de los derechos humanos para una vida digna; sin embargo es vital comprender que la seguridad humana territorial no se debe solo a defender las fronteras nacionales y urbanas del Estado, sino en proteger a los nacionales de amenazas latentes que no permitan su vida digna: hambre, enfermedades, represión, salud mental. Las acciones militares en los territorios no solo deben contemplar las estrategias militares y tácticas con la visual en camuflados y armas, sino la presencia integral del Estado cuando las amenazas sean o no latentes para los ciudadanos.
Sin seguridad no se puede garantizar los factores económicos, alimentarios, de salud, ambientales, personales, comunitarios y políticos que garanticen la presencia del Estado de manera integral. Los mensajes desde el gobierno nacional no solo deben ser del presidente como comandante en jefe, sino de seguridad integral para el desarrollo próspero de la nación, lo cual implica que la comunicación política trascienda las ramas judiciales en el territorio, la seguridad militar en las montañas y calles, la protección en los servicios públicos, la distribución de bienes y servicios que fomente la prosperidad social para el desarrollo de capacidades sociales: salud, educación, interacción comunitaria, participación en política, innovación y desarrollo territorial que promuevan las conductas de paz por medio de la pacificación civil y no solo militar.
La seguridad nacional promovida desde el gobierno con la bota militar y sin presencia integral solo permite mantener el statu quo de la fuerza y el uso privativo de las armas del Estado. Después de garantizar el control territorial en prosperidad y pacificación, debe el Estado promover estrategias y políticas públicas que permitan la construcción de paz, la resolución de conflictos, diálogos permanentes para la desmovilización insurgente, fortalecer las instituciones de justicia y asegurar el acceso bienes y servicios. Solo con la presencia integral del Estado se logra materializar el mandato fundamental de la Carta Magna: un Estado Social de Derecho.
