La preocupante proliferación de centros estéticos clandestinos o sin las respectivas licencias sanitarias en Bogotá ha vuelto a encender las alarmas de las autoridades locales. Apenas cinco días después de que se registrara la trágica muerte de la ciudadana Adriana Manotas, ocurrida el pasado 10 de julio en un establecimiento ilegal de la localidad de Puente Aranda, un nuevo e integral operativo de inspección, vigilancia y control permitió desmantelar y clausurar de manera temporal varios establecimientos que funcionaban de forma irregular en el suroccidente de la capital.
El nuevo despliegue institucional tuvo lugar en la localidad de Kennedy, específicamente en la Unidad de Planeamiento Zonal (UPZ) Gran Britalia. En esta zona, los inspectores y funcionarios del Distrito hallaron graves irregularidades que van desde la realización de procedimientos de alta complejidad sin contar con la habilitación que exige la ley, hasta el uso de personal no idóneo y pésimas condiciones de bioseguridad.
Hallazgos de alto riesgo en Gran Britalia
Durante las visitas detalladas a los locales comerciales dedicados a la belleza, las autoridades sanitarias y de policía incautaron gran cantidad de medicamentos de uso restringido, jeringas con ácido hialurónico y diversos equipos tecnológicos diseñados exclusivamente para realizar intervenciones estéticas invasivas. Ninguno de los locales intervenidos poseía el permiso sanitario ni el registro de habilitación legal requerido para ofertar o ejecutar este tipo de tratamientos en sus instalaciones.
El panorama normativo se complicó aún más al verificar la idoneidad del talento humano que laboraba en estos centros. Los delegados del Distrito evidenciaron que el personal encargado de atender directamente a los usuarios y de manipular los insumos médicos no contaba con las certificaciones académicas ni profesionales necesarias para llevar a cabo estos delicados procedimientos en el cuerpo humano.
A la falta de acreditación profesional y de licencias de funcionamiento, se sumaron alarmantes fallas en materia de sanidad general. El reporte de la inspección técnica consignó severos incumplimientos en los protocolos básicos de asepsia, desinfección y esterilización de herramientas de trabajo. Asimismo, se detectó un manejo completamente inadecuado de los residuos peligrosos y biológicos generados durante las actividades estéticas, exponiendo tanto a los usuarios como a los mismos trabajadores a potenciales infecciones cruzadas y otras patologías graves.
Medidas drásticas bajo la sombra de una tragedia reciente
Como consecuencia inmediata de la gravedad de los hallazgos en la UPZ Gran Britalia, las autoridades distritales ordenaron la clausura temporal total de los establecimientos implicados. Esta medida de seguridad sanitaria se mantendrá vigente de forma indefinida mientras se adelantan y resuelven las actuaciones y procesos administrativos correspondientes, los cuales podrían acarrear elevadas sanciones económicas y cierres definitivos para los propietarios.
Este contundente golpe a la informalidad estética en Kennedy no se da de manera aislada. El operativo se ejecutó bajo un clima de alta tensión y rigurosa vigilancia en Bogotá, suscitado por el deceso de Adriana Manotas. La mujer falleció tras acudir a una clínica clandestina en Puente Aranda para someterse a una intervención de carácter estético. Dicho caso se encuentra actualmente bajo una minuciosa investigación penal por parte de la Fiscalía General de la Nación, y ha reabierto el debate público sobre la falta de rigurosidad y los peligros mortales de someterse a tratamientos cosméticos en lugares que operan al margen de la ley.
“Los hechos recientes de la ciudad y los hallazgos encontrados hoy en Kennedy demuestran la importancia de mantener los controles sobre los establecimientos que ofrecen servicios estéticos”, manifestó con firmeza Javier Prieto Tristancho, alcalde local encargado de la localidad de Kennedy. El mandatario local enfatizó en que el Distrito no dará el brazo a torcer frente a esta problemática: “No podemos permitir que se realicen procedimientos invasivos sin habilitación, con personal no certificado o sin las condiciones sanitarias necesarias. La salud y la vida de la ciudadanía deben estar por encima de cualquier interés comercial”.
El llamado a la prevención y la verificación ciudadana
Las autoridades sanitarias de Bogotá reiteraron su llamado de urgencia a toda la ciudadanía para que adopte medidas de prevención y autocuidado antes de contratar cualquier servicio de índole estética. La recomendación principal radica en verificar minuciosamente, a través de las plataformas oficiales del Ministerio de Salud o de la Secretaría Distrital de Salud, que el centro elegido se encuentre debidamente inscrito y habilitado en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS).
De igual manera, se insta a los pacientes a exigir de manera obligatoria la documentación física que acredite que el médico o esteticista cuenta con el título idóneo y la tarjeta profesional vigente para realizar el procedimiento en cuestión. Con la ejecución de estos nuevos cierres temporales en el suroccidente de Bogotá, las secretarías del Distrito buscan no solo sancionar a los infractores, sino sentar un precedente disuasorio para frenar el auge de la clandestinidad estética y, de este modo, salvaguardar de manera efectiva la vida de los bogotanos.
