Una fuerte controversia política y social se desató en el departamento de Risaralda tras conocerse una serie de declaraciones del alcalde del municipio de Quinchía, Jader de Jesús Clavijo Bañol, en las que solicita de manera expresa a las autoridades locales y a su equipo de trabajo comenzar a aplicar sanciones económicas y comparendos a los ciudadanos que proporcionen alimento o agua a los animales en condición de vulnerabilidad. La polémica escaló rápidamente al plano nacional tras el enérgico pronunciamiento de la senadora de la República, Andrea Padilla Villarraga, reconocida defensora de los derechos de la fauna, quien calificó la iniciativa como una medida ilegal y contraria a los principios constitucionales de solidaridad.
El foco del debate se encendió cuando se hizo público un audio en el que el mandatario local instruye de forma perentoria restricciones frente al auxilio de los animales sin hogar en espacios públicos. En la grabación se escucha al alcalde apelar directamente a sus colaboradores para frenar el suministro de comida y agua en los establecimientos y vías del municipio, argumentando la necesidad de implementar medidas de control urbano mediante el uso del código de policía.
La polémica directriz del mandatario local
En el registro que originó la disputa, el mandatario de Quinchía se dirige a su equipo con un llamado explícito a la restricción: «Hermano, empecemos a hacer comparendos. Ayuden en este tema, ayúdennos a no darles purina ni agua en sus centros, en sus establecimientos públicos». La solicitud del alcalde no se limitó a los locales comerciales, sino que se extendió directamente a las áreas de recreación y tránsito común del casco urbano, señalando de forma puntual a quienes de manera voluntaria buscan mitigar el hambre de los caninos desprotegidos.
«Ayúdennos, Hamilton por favor, hermano, a las personas que están llevándoles agua y purina a los parques, a las calles, hermano, empecemos a hacer comparendos», enfatizó el funcionario en su alocución, dejando clara su postura de perseguir y sancionar lo que considera un factor de desorden o afectación pública dentro de la localidad risaraldense. Esta postura generó una reacción inmediata entre los colectivos animalistas del territorio y encendió las alarmas de la bancada de protección animal en el Congreso de la República, desde donde se denunció la presunta vulneración a las normativas de protección vigentes.
El enérgico rechazo desde el Congreso
La respuesta de la senadora Andrea Padilla fue contundente y directa. Utilizando los canales oficiales y sus plataformas de control político, la congresista confrontó la legalidad de los mandatos de la administración de Quinchía. «Alcalde, está usted miando fuera del tiesto. Más bien respóndanos cómo va el cumplimiento de sus obligaciones legales de protección animal», increpó la legisladora, argumentando que el alcalde desvía su atención institucional hacia los ciudadanos en lugar de asumir las competencias que la ley colombiana le impone en materia de bienestar de la fauna.
Padilla cuestionó duramente la gestión interna del municipio y exigió un balance público sobre las acciones concretas desarrolladas por el despacho de Clavijo Bañol durante su período de gobierno. La senadora demandó respuestas específicas sobre la cantidad de esterilizaciones ejecutadas en la jurisdicción, los servicios de atención veterinaria disponibles para animales sin hogar, la existencia de un Centro de Bienestar Animal estatal o la vigencia de convenios con fundaciones legalmente constituidas para la protección de la fauna callejera. Asimismo, la congresista hizo especial énfasis en indagar sobre los avances reales en la implementación local de la Ley Ángel, el marco normativo nacional diseñado expresamente para erradicar y castigar el maltrato animal en el territorio de la república.
Obligaciones institucionales y límites de la ley
El núcleo jurídico de la discusión gira en torno a las responsabilidades que la Constitución y las leyes de la república asignan a los entes territoriales y a sus gobernantes locales. De acuerdo con lo manifestado por la senadora Padilla, las consecuencias y afectaciones que se deriven de la presencia de animales desatendidos en las calles no son responsabilidad de los ciudadanos que ejercen la caridad, sino de la propia administración local debido a lo que catalogó como una «negligencia institucional». El marco legal vigente señala que el cuidado, el control poblacional y la manutención de los seres sintientes abandonados corresponden de manera primaria al Estado en sus niveles municipales.
«Usted no puede multar la solidaridad», sentenció Padilla, haciendo un llamado al alcalde a asumir de manera directa las cargas de su investidura. La congresista recordó que el cuidado de los animales sin hogar constituye un deber generalizado para todos los habitantes, pero que la coordinación y dirección de estas políticas está en cabeza exclusiva del municipio y de su máxima autoridad ejecutiva. Al cierre de su intervención, la parlamentaria advirtió que su oficina mantendrá un esquema de estricta vigilancia sobre el municipio de Quinchía para evitar la expedición de normativas locales que vayan en contravía del ordenamiento jurídico nacional. Enfatizó que la imposición de multas por realizar actos de empatía o auxilio humanitario carece de sustento legal y constituye una extralimitación de funciones que será puesta bajo la lupa de los entes de control del Estado colombiano.
