ARMENIA, COLOMBIA. En lo que se perfila como un precedente de gran impacto para el control social y la veeduría ciudadana en el país, los juzgados tercero y séptimo administrativo de Armenia fallaron a favor de los ciudadanos, obligando a los curadores urbanos de la capital del Quindío a entregar información crucial y detallada sobre los procesos de licenciamiento y el recaudo de obligaciones urbanísticas.
La decisión judicial surge tras una persistente disputa legal de más de dos meses, liderada por organizaciones civiles de la región. El fallo no solo impacta la administración local, sino que sienta un precedente sobre la naturaleza de las curadurías en el territorio nacional, entidades dirigidas por particulares que ejercen funciones públicas bajo un esquema que ha sido fuertemente cuestionado por la ciudadanía.
Un freno a la opacidad en el desarrollo urbano
De acuerdo con el pronunciamiento de Luis Alberto Vargas Ballén, vocero de la Veeduría Cívica Armenia y Quindío y director de la Corporación para la Investigación Socioeconómica Regional (CISER), los curadores urbanos intentaron inicialmente mantener bajo reserva la documentación solicitada. No obstante, la justicia determinó que no existe sustento legal para aplicar dicha restricción, ordenando responder de fondo a los derechos de petición y recursos de insistencia presentados.
La sentencia otorga un plazo perentorio de 10 días hábiles para que los despachos de los curadores entreguen la totalidad de la información requerida. «Los juzgados les ordenaron contestarnos todas las preguntas y nos dieron este margen para que se nos entregue todo el expediente», señaló Vargas Ballén, quien calificó las decisiones judiciales como un hito histórico para el seguimiento, el control ciudadano y la obligación de rendición de cuentas de estos actores del desarrollo urbano.
El núcleo de la reclamación ciudadana apunta al presunto deterioro en la planificación de Armenia, una ciudad que hoy experimenta notables problemas de movilidad, congestión vial y una evidente reducción de sus áreas de esparcimiento. Desde la veeduría se argumenta que la gestión de las curadurías ha sido «pésima y negligente», lo que se traduce en un crecimiento desordenado, la falta de compensaciones urbanísticas tangibles y una preocupante escasez de espacio público para los habitantes.
El debate sobre el recaudo de la plusvalía
Uno de los puntos más críticos que revelará el informe técnico tras la entrega de los documentos es la situación de la plusvalía, un gravamen que las administraciones locales y los curadores debieron aplicar de manera obligatoria. La veeduría ha denunciado con vehemencia que este cobro no se hizo efectivo a pesar de haber estado plenamente vigente entre los años 2012 y 2022.
La plusvalía representa el incremento en el valor del suelo generado por las acciones urbanísticas del Estado o la autorización de mayores edificabilidades. Al no recaudarse de forma debida, el municipio habría dejado de percibir cuantiosos recursos económicos que, por ley, debieron destinarse al mejoramiento de la infraestructura pública, la adquisición de predios de interés social y la optimización del sistema vial, áreas que hoy presentan un notable rezago en Armenia.
«Estamos ante particulares que se han vuelto multimillonarios ejerciendo una función pública relacionada con el urbanismo y el licenciamiento», enfatizó Vargas Ballén, argumentando la urgencia de que estas oficinas operen bajo los principios constitucionales de transparencia y máxima publicidad.
Las implicaciones del fallo a nivel nacional
Aunque el fallo corresponde a la jurisdicción de Armenia, los líderes cívicos proyectan que este escenario de control social sirva como un modelo replicable en el resto de Colombia. Históricamente, las curadurías urbanas han operado en una delgada línea entre la actividad privada y la administración pública, lo que en múltiples ocasiones ha dificultado el acceso de la ciudadanía a la información técnica de los proyectos de construcción que impactan sus entornos habitacionales.
Una vez que expire el plazo de 10 días otorgado por los jueces, la Veeduría Cívica Armenia y Quindío y el CISER iniciarán la sistematización de los datos obtenidos. El objetivo final es consolidar y publicar un informe técnico completo y detallado sobre los hallazgos, el cual será trasladado a los entes de control correspondientes en caso de que se configuren presuntas irregularidades administrativas o fiscales.
La decisión de los juzgados administrativos de Armenia reafirma que los documentos relacionados con el ordenamiento territorial y el licenciamiento de obras públicas y privadas son de naturaleza estrictamente pública, eliminando las barreras de confidencialidad que solían proteger estas gestiones del escrutinio de la comunidad.
