Una intensa controversia de alcance nacional se desató en el municipio de Quinchía, ubicado en el departamento de Risaralda, luego de que el alcalde local, Jader de Jesús Clavijo, sugiriera públicamente la posibilidad de implementar sanciones y comparendos económicos contra aquellas personas que se dedican a alimentar y suministrar agua a los perros en condición de calle. La propuesta, que fue interpretada por amplios sectores como una medida contraria a la empatía y la protección animal, generó un rechazo inmediato por parte de organizaciones civiles, colectivos defensores de los derechos de los animales y diversas figuras del ámbito político en el país.
La polémica comenzó a tomar fuerza tras la difusión de un video de una intervención pública del mandatario municipal. En dicha transmisión, Clavijo hizo un llamado directo a la ciudadanía y a los comerciantes de la zona urbana para evitar que se siguiera proporcionando alimento y agua a los caninos que habitan en los parques y espacios públicos de la localidad. El alcalde se dirigió explícitamente a un colaborador solicitándole apoyo para identificar y sancionar con comparendos a los ciudadanos que mantuvieran estas conductas de apoyo alimentario en las calles y plazas principales de Quinchía.
La reacción de los sectores defensores del bienestar animal
La respuesta a los planteamientos del mandatario no se hizo esperar. Diversas organizaciones no gubernamentales dedicadas al rescate de fauna callejera calificaron la propuesta como «inviable», «desproporcionada» y «carente de todo sustento legal». Asimismo, se argumentó que este tipo de medidas punitivas contra la ciudadanía solidaria busca trasladar la responsabilidad del control de la fauna callejera a los particulares, invisibilizando la inacción de las entidades gubernamentales frente a sus propias competencias de protección animal.
A nivel político, la senadora Andrea Padilla, reconocida defensora de los derechos de los animales en el Congreso de la República, lideró los cuestionamientos hacia la administración de Quinchía. Padilla fue enfática en señalar que sancionar a un ciudadano por realizar un acto de mera compasión y ayuda humanitaria hacia un ser sintiente carece por completo de piso jurídico en el marco legal colombiano. De acuerdo con la congresista, este tipo de actuaciones desvía la atención de los verdaderos problemas estructurales del municipio y de las obligaciones específicas que la ley nacional les impone a los alcaldes y gobernadores en el territorio nacional.
La senadora instó públicamente a la comunidad de Quinchía y de otros municipios de Risaralda a no dejar de alimentar, proteger ni brindar asistencia a la fauna en estado de vulnerabilidad y abandono. De igual forma, Padilla recomendó a los habitantes que, ante cualquier intento de imposición de multas o comparendos por realizar estas labores humanitarias, procedieran de inmediato a denunciar los casos ante la Personería Municipal o a través de los canales de control político y disciplinario. De materializarse tales sanciones, el alcalde de la localidad podría exponerse a rigurosas investigaciones disciplinarias por parte de los organismos de control del Estado, debido a una presunta extralimitación de sus funciones constitucionales y legales.
El marco legal y las responsabilidades del Estado
En el debate público se recordó que la legislación colombiana, a través de la Ley 1774 de 2016 y el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, establece parámetros muy claros respecto a la protección de los animales como seres sintientes. Las normativas nacionales señalan que los entes territoriales, encabezados por las alcaldías municipales, tienen la responsabilidad indelegable de diseñar, financiar y ejecutar de manera permanente planes y programas enfocados en el bienestar animal.
Entre las responsabilidades estatales más destacadas se encuentran la realización de jornadas masivas y gratuitas de esterilización para el control ético de la natalidad canina y felina, el funcionamiento de Centros de Bienestar Animal (CBA) para el albergue temporal de animales abandonados, la provisión de servicios de atención médico-veterinaria de urgencias y la implementación de estrategias pedagógicas de tenencia responsable orientadas a prevenir el abandono de mascotas. Defensores de los derechos de la fauna cuestionaron duramente si la Alcaldía de Quinchía se encontraba cumpliendo a cabalidad con estas obligaciones legales antes de sugerir medidas de carácter policivo contra quienes intentan paliar el hambre de los animales callejeros.
Adicionalmente, se conoció que se radicó una solicitud formal ante la Procuraduría General de la Nación para que este órgano de control emita una directriz unificada a nivel nacional. El propósito de este requerimiento es recordar formalmente a todos los alcaldes de Colombia el catálogo de obligaciones legales que les asiste en materia de fauna, con el fin de evitar que se sigan presentando propuestas locales que atenten contra el bienestar de los animales o que pretendan sancionar a los ciudadanos que les brindan asistencia básica.
Rectificación institucional y disculpas públicas del mandatario
Ante la magnitud de la polémica y la presión ejercida por la opinión pública, los colectivos animalistas y el control político, el alcalde Jader de Jesús Clavijo compareció ante los medios de comunicación para aclarar el sentido de sus palabras. El mandatario local admitió públicamente que sus declaraciones previas habían constituido un desacierto en la forma en que estructuró y comunicó la idea original.
El alcalde aclaró de manera tajante que su administración ha descartado por completo la aplicación de cualquier tipo de multa o comparendo a las personas que decidan alimentar a los animales sin hogar en las calles del municipio. Clavijo atribuyó la controversia a un malentendido derivado del tono de su discurso y de la terminología empleada durante su intervención, reiterando sus disculpas a la ciudadanía y a los colectivos defensores de los derechos de los animales que se sintieron aludidos o afectados por sus afirmaciones.
De esta manera, el gobierno local de Quinchía dio por superado el polémico episodio, comprometiéndose a mantener el diálogo constructivo con las organizaciones sociales dedicadas al rescate animal, con el fin de enfocar los esfuerzos institucionales en soluciones estructurales de fondo que garanticen una convivencia armónica entre la ciudadanía y la fauna en condición de calle, bajo los principios que exige la ley vigente en la República de Colombia.
