Transcurridas 36 horas de la emergencia sísmica que sacudió el norte de Venezuela, el panorama en las zonas afectadas continúa siendo crítico. La presidenta encargada de la nación, Delcy Rodríguez, ofreció un nuevo balance oficial en el que se elevó a 589 el número de personas fallecidas y a 2.980 la cifra de heridos producto de los dos fuertes terremotos, de magnitudes 7,2 y 7,5, que impactaron de manera directa a la capital, Caracas, y al cercano estado costero de La Guaira.
De acuerdo con las declaraciones gubernamentales, el impacto estructural y social ha desbordado los registros iniciales. Hasta el último reporte, se contabilizan al menos 2.927 familias damnificadas, 157 personas desaparecidas, unas 200 personas atrapadas entre los escombros y daños de consideración en 250 edificaciones, además de afectaciones en ocho centros hospitalarios, varios de los cuales debieron ser evacuados con urgencia para garantizar la seguridad de los pacientes.
En medio de una persistente inestabilidad geológica, Rodríguez confirmó que se han registrado 214 réplicas en el territorio nacional tras los principales sismos. El epicentro de la mayor devastación se localiza en el estado La Guaira, donde más de 100 edificios colapsaron por completo. Ante este escenario, el Ejecutivo ha ordenado la movilización de más de 100 equipos de maquinaria pesada para remover estructuras colapsadas y agilizar el rescate de sobrevivientes. Paralelamente, se prevé el despliegue de unos 11.500 funcionarios de distintas instituciones de seguridad ciudadana para reforzar las labores civiles y de orden público.
Millones de ciudadanos damnificados y colapso de servicios
El impacto humanitario ha trascendido los perímetros urbanos inmediatos. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM), organismo dependiente de las Naciones Unidas (ONU), advirtió a través de su portavoz, Zoe Brennan, que la cifra total de personas potencialmente afectadas por el desastre natural podría ascender hasta los 6,76 millones a nivel nacional. De este total, se estima preliminarmente que alrededor de dos millones de damnificados corresponden exclusivamente a la región capital de Caracas.
«Los edificios han colapsado y las infraestructuras críticas han sufrido daños, lo que limita el acceso a servicios básicos», señaló Brennan desde la OIM, enfatizando que el foco absoluto de las agencias internacionales en este momento radica en la localización y extracción de personas con vida.
La cotidianidad de la zona norte-central del país permanece paralizada. Múltiples comunidades reportan severas fallas en la interconexión de redes telefónicas y cortes prolongados en el suministro de energía eléctrica. Ante la magnitud de la tragedia, miles de civiles venezolanos se han sumado de manera voluntaria a los cuerpos de rescate, organizando colectas de insumos médicos, alimentos no perecederos y gestionando redes de donación independientes hacia los puntos más neurálgicos de Caracas y La Guaira. Por su parte, la Iglesia católica local hizo un llamado público para activar los templos como centros de acopio oficiales.
La infraestructura de transporte también sufrió un duro golpe. Marisela De Loaiza, presidenta de la Asociación de Líneas Aéreas en Venezuela (ALAV), ratificó que el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, la principal terminal aérea del país que sirve a la ciudad de Caracas, permanece clausurado temporalmente debido a los graves daños estructurales sufridos en sus instalaciones edilicias el pasado miércoles. Debido a este cierre, las aerolíneas internacionales cancelaron o reprogramaron sus operaciones regulares; mientras que los demás aeropuertos internacionales del país se mantienen operativos y reciben los vuelos redireccionados.
Movilización de la comunidad internacional y flexibilización de sanciones
La gravedad del escenario sísmico motivó una respuesta inmediata por parte de diversos gobiernos y de los canales multilaterales. Tom Fletcher, secretario general adjunto de Asuntos Humanitarios de la ONU, calificó la situación sobre el terreno como una «devastación realmente aterradora», e informó que las Naciones Unidas ya coordinan el arribo e intervención de al menos 12 equipos internacionales especializados en búsqueda y rescate urbano. Fletcher recalcó la complejidad del reto, recordando que el organismo internacional ya brindaba asistencia humanitaria previa a unos ocho millones de venezolanos antes del desastre telúrico.
En el plano bilateral, varios países ya han enviado ayuda tangible. El Gobierno de España fletó una aeronave del Ejército del Aire que transporta a efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y a equipos sanitarios especiales de la Comunidad de Madrid. Esta movilización se produce en paralelo a la confirmación de la muerte de dos ciudadanos españoles en el siniestro y la búsqueda de otros 80 nacionales que permanecen desaparecidos. Asimismo, el Gobierno de México despachó dos aviones cargados con asistencia humanitaria y un contingente técnico integrado por 261 agentes del Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional. A través del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), se constató además la llegada de brigadas de socorristas procedentes de El Salvador —cuyo grupo asciende a 188 rescatistas— y de la República Dominicana.
Por su parte, el Departamento de Estado de los Estados Unidos anunció una asignación financiera de 100 millones de dólares destinada a la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) en Venezuela, complementada con otros 50 millones de dólares para financiar directamente operaciones de rescate en el terreno.
En una decisión de impacto político y logístico, la administración estadounidense otorgó una autorización especial para ejecutar transacciones financieras ordinarias con Venezuela, las cuales se encontraban previamente vetadas bajo el régimen de sanciones internacionales vigente, con la condición única de que dichas operaciones estén vinculadas estrictamente a las «labores de socorro» y a mitigar los efectos de los sismos. Esta exención busca facilitar el flujo de capitales y el suministro técnico internacional en momentos en que las redes de ayuda de la diáspora en países como Argentina y Ecuador intentan restablecer el contacto con sus allegados en el país.
