No es una queja de ayer, ni un capricho del momento. Es el clamor que, desde hace años, resuena con fuerza en los peajes del país y que hoy cobra particular vigencia en el peaje de Circasia. Las peticiones radicadas ante el Gobierno Nacional reflejan una realidad insostenible: el actual modelo de concesiones viales en Colombia necesita, con urgencia, una reforma estructural.
La ley de concesiones vigente ha inundado el territorio nacional de casetas de cobro, creando un ecosistema donde el sector privado opera con total comodidad, pero con una alarmante falta de rendición de cuentas. No es justo que las comunidades y los conductores financien obras perpetuas sin que exista un mecanismo real y transparente de veeduría ciudadana. La ley debe cambiar para que el interés público prime sobre el beneficio corporativo.
El caso del Eje Cafetero es un ejemplo de este abuso. Es imperativo que el Gobierno Nacional rechace de tajo la IP (Iniciativa Privada) Conexión Centro. No se puede seguir planificando el desarrollo vial de la región bajo la premisa de exprimir los bolsillos de los ciudadanos con tarifas exorbitantes. Que un peaje como el de Circasia cueste la escandalosa cifra de 21.200 pesos es un golpe directo a la competitividad de la región y a la economía de cualquier hogar.
La exigencia es clara y no admite paños de agua tibia: se solicita el desmonte de cuatro peajes que asfixian la movilidad regional. Y si la burocracia o los contratos amarrados impiden retirar el peaje de Circasia, lo mínimo que se debe exigir por dignidad es una reducción de su tarifa a la mitad.
Las vías deben conectar a la gente, no convertirse en barreras infranqueables manejadas por privados. El Gobierno tiene la palabra: o sigue del lado de las concesiones intocables, o escucha de una vez por todas el bolsillo de los colombianos.
