Por: Aurelio Suárez Montoya
La formalización y actualización de la propiedad, en especial la rural, es exigencia de organismos como Usaid, la Ocde y varios más que en Colombia los gobiernos han aceptado sin chistar.
En el de Santos, la Ley 1753 de 2015 creó el catastro multipropósito. El objetivo era ambicioso: brindar seguridad jurídica sobre la propiedad, fortalecer las finanzas locales, el ordenamiento territorial y la planeación social y económica (artículo 104). El documento Conpes 3859 (11/6/2016) lo integró con otros sistemas de información y el acuerdo de paz lo acogió en el punto 1.1.9 para “uso adecuado, productivo y sostenible de la tierra” (24/11/2016).
Iván Duque, en el artículo 60 del Plan de Desarrollo, reforzó esa política al crear la figura de “gestores catastrales”, que abrió la puerta a terceros para realizar la actualización, antes exclusiva del Instituto Agustín Codazzi (Igac) y de la Agencia de Tierras (ANT). “La formación, actualización y conservación con enfoque catastral multipropósito” se privatizó, y el Conpes 3958 (29/2/19) determinó la estrategia para implementar.
Edna Bonilla, hoy candidata a la vicepresidencia de Sergio Fajardo, celebró tal continuidad y reclamó igualar la tarifa del impuesto predial rural, que en promedio era de 2,3 por mil, con la del urbano de 3,4 por mil. Resaltó que, para financiar el proceso, el BID y el Banco Mundial hubieran desembolsado créditos por 150 millones de dólares.
(https://razonpublica.com/catastro-multiproposito-para-que-sirve-y-como-se-haria/).
Gustavo Petro mantuvo la línea. En el Plan de Desarrollo (artículo 49), aprobado por mayoría en el Congreso –incluidos los “independientes”–, se estableció reducir, “por única vez”, “el rezago en los avalúos catastrales de los predios en Colombia, especialmente en zonas donde esa información no ha sido actualizada en más de 5, 10, 15 o más años”. Para ese “empujón”, se le asignó al Igac, en 2025, un monstruoso presupuesto de un billón de pesos.
El 30 de diciembre de ese año, basado en ese artículo del Plan, el Igac emitió la resolución 2057, que actualizó de golpe los avalúos de 527 municipios, “formados o actualizados con anterioridad al año 2018”. ¡Ahí fue Troya! Aunque el alza del promedio nacional supera el 1.100 por ciento, hubo departamentos con más altas variaciones todavía (ver cuadro).
Hay datos de espanto. En Saravena, Arauca, el alza fue del 2.500.000 por ciento; en municipios del Atlántico, el valor se multiplicó hasta por 450 veces; en La Dorada, Caldas, por 320; en Achí, Bolívar, por 46; en Funza, Cundinamarca, por 45; en Macanal, Boyacá, por más de 42; en Sáchica, Boyacá, por un factor de 40 y por más de 30 en Coromoro, Santander, y en Sutamarchán, Boyacá.
El zarpazo al bolsillo es confiscatorio. El impacto más inmediato está en el valor del impuesto predial que, aunque para muchos contribuyentes no subiría más del 50 por ciento frente al año anterior, asfixia al microfundio donde prevalece, como en Santander, Norte de Santander, Boyacá y Cundinamarca. Hay efectos adicionales en los tributos al patrimonio y de renta, en gastos notariales, en el Sisbén, que ya no cubriría a los “nuevos ricos”, y en varios programas sociales.
Lo peor es la metodología “de escritorio” utilizada. Las características estipuladas para cada predio a distancia, pues no se aplicó visita física uno a uno, lo fueron en agrología, forma y uso del suelo y potencialidad económica, en aquellas variables clave para “los negocios del siglo XXI”, como proclamó la directora del Dane. Forma parte de la infraestructura de datos, otra nueva modalidad de expoliación de patrimonios personales, en campos y ciudades, para atraer cazadores de filones e inversionistas especulativos, que pondrán sus ojos en las tierras campesinas provechosas.
Al asumir que los agricultores son igual de productivos, según su ubicación en las zonas geoeconómicas, el Estado crea un mecanismo expedito de expulsión: quien no pueda pagar, tendrá que irse. Se configura así, disfrazada de “modernización”, una contrarreforma agraria que –con el mercado de tierras gestado– sería más regresiva aún que la actual vergonzosa concentración de la propiedad.
Con la Resolución 2057, el Gobierno Petro aceleró la política de catastro multipropósito de la Ocde, del BID y del Banco Mundial, la misma de Santos, las Farc y Duque. De no revisarse, como se prometió a los campesinos en paro de resistencia, vendrán estallidos rurales. Nadie se dejará arruinar ni desplazar.
Tomado de: Revista Semana
