La auditoría interna del Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (Finagro) encendió una nueva polémica nacional tras revelar presuntas irregularidades en un crédito y subsidio otorgados al abogado Juan José Lafaurie Cabal, hijo del presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, y de la senadora María Fernanda Cabal.
El caso gira en torno a un crédito blando por 400 millones de pesos, respaldado en un 80 % por el Estado a través del Fondo Agropecuario de Garantías (FAG), y a un subsidio de $95.273.700 entregado mediante el Incentivo a la Capitalización Rural (ICR), un beneficio dirigido exclusivamente a pequeños productores.
Sin embargo, los hallazgos de la auditoría apuntan a una “secuencia de inconsistencias estructurales” que ponen en duda tanto la legalidad del proceso como la verdadera destinación de los recursos públicos.
Inconsistencias en la propiedad y acceso al subsidio
Uno de los puntos más críticos del informe es la declaración de propiedad del predio donde se desarrollaría el proyecto agropecuario. Según la documentación presentada por Lafaurie Cabal, él figuraba como dueño de la tierra, condición clave para acceder a los beneficios.
No obstante, la auditoría verificó que el predio pertenece en realidad a la empresa Inversiones Lafaurie Cabal, una sociedad que adquirió el terreno previamente a José Félix Lafaurie y en la que figuran como socios la senadora María Fernanda Cabal y sus hijos Denisse, Luisa Fernanda y Santiago.
Ante la falta de titularidad, el beneficiario presentó un contrato de comodato que calificó como “gratuito” para justificar la tenencia del predio. Sin embargo, los auditores encontraron que dicho contrato fue otorgado por una tercera sociedad, Lafaurie Cabal S. en C., cuya relación jurídica con el inmueble no está claramente demostrada.
El informe es contundente: no se logró establecer “a qué título o en qué calidad legal” esta empresa tenía facultades para ceder el predio, lo que deja en entredicho la cadena de tenencia y la legalidad del soporte documental presentado.
Estas inconsistencias llevaron a los investigadores a advertir que no solo se habría desvirtuado la condición de pequeño productor, sino que también existiría una falla estructural en la identificación del verdadero beneficiario de los recursos públicos.
El comodato y la posible multiplicidad de beneficiarios
Otro de los hallazgos clave es la desnaturalización del contrato de comodato, figura que por definición debe ser gratuita.
De acuerdo con la auditoría, el contrato suscrito incluía cláusulas que obligaban al beneficiario a transferir el 20 % de las utilidades netas del proyecto y a ceder el 100 % de las mejoras realizadas —incluido el cultivo financiado— a la empresa propietaria del predio.
Esta condición contradice directamente la naturaleza del comodato y, según los auditores, convierte a la sociedad dueña del terreno en una cobeneficiaria material de la inversión pública.
En consecuencia, el esquema financiero no solo habría favorecido a quien solicitó el crédito, sino a un grupo familiar vinculado al proyecto, lo que genera una multiplicidad de beneficiarios incompatible con los criterios del subsidio ICR.
El informe concluye que esta estructura contractual evidencia una posible desviación del propósito original del incentivo, diseñado para fortalecer a pequeños productores rurales y no a esquemas empresariales con participación societaria.
Además, la concurrencia de irregularidades —declaración de propiedad no comprobada, cadena de tenencia incierta y distribución de utilidades a terceros— llevó a los auditores a recomendar una “revisión integral” del caso.
Reacciones, reserva del informe y consecuencias
El documento de auditoría, cuya existencia fue confirmada por fuentes periodísticas, permanece bajo reserva dentro de Finagro, lo que ha incrementado la controversia pública y política alrededor del caso.
Las revelaciones han generado cuestionamientos sobre el uso de recursos estatales y los controles aplicados en la asignación de beneficios dirigidos al sector agropecuario.
Por su parte, Juan José Lafaurie Cabal respondió públicamente a las críticas, calificando algunas afirmaciones como injuriosas y asegurando que acudirá a los canales institucionales y legales para defender su buen nombre. En su pronunciamiento, enfatizó que será la justicia la encargada de establecer responsabilidades y advirtió sobre posibles afectaciones a la confidencialidad de su información crediticia.
El caso también ha intensificado el debate sobre la transparencia en la asignación de subsidios rurales, especialmente cuando involucra a figuras con cercanía al poder político y económico.
Mientras tanto, el país permanece atento a las decisiones que adopten las autoridades competentes frente a un expediente que podría marcar un precedente en el control de los recursos públicos destinados al desarrollo del campo.
La controversia no solo pone en el centro la legalidad de un crédito específico, sino que abre una discusión más amplia sobre la equidad en el acceso a los incentivos estatales y la necesidad de fortalecer los mecanismos de vigilancia para evitar que beneficios diseñados para pequeños productores terminen favoreciendo a estructuras con mayor capacidad económica y de influencia.
