Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos presentó ante un juez de control de garantías de Puerto Leguízamo (Putumayo) a 24 integrantes del Ejército Nacional, que estarían involucrados en la muerte de 11 civiles el 28 de marzo de 2022, en el caserío Alto Remanso, en zona rural de Puerto Leguízamo.
Entre los vinculados a la investigación están el teniente coronel Néstor Andrés Cadena Bautista, el capitán Jorge Erney Marroquín Cadena, el teniente Julián Ernesto Ávila Martínez, los sargentos segundo Cristian Gabriel Perez Galindo y Maicol Andrés Quiñones Mendoza, los cabos primero Wilber Leonardo Rodríguez y Wilson Andrés Santamaría Ramos, y 17 soldados profesionales.
Las evidencias y los elementos probatorios recopilados dan cuenta de que, por orden del comandante del Batallón contra el Narcotráfico N°3, en inmediaciones de la población fue dispersada una unidad táctica para ubicar a alias Bruno, uno de los señalados cabecillas de la estructura disidente de las Farc autodenominada ‘Comandos Defensores de Frontera’.
Luego de varias horas de observación, y con pleno conocimiento de que ‘Bruno’ no estaba en la zona, unidades del Batallón contra el Narcotráfico y del Pelotón de Reconocimiento Táctico N°3, portando prendas oscuras, distintas a las que tradicionalmente usa el Ejército Nacional, accionaron sus armas de dotación contra el caserío Alto Remanso, justo cuando terminaba un bazar comunal.
De acuerdo con los análisis del Centro Estratégico de Valoración Probatoria (Cevap) de la Fiscalía, durante dos horas y media los uniformados realizaron cerca de 1.600 disparos contra 13 casas, una caseta comunitaria, el polideportivo y el embarcadero. Además, lanzaron granadas de 40 milímetros y de fragmentación.
En ese momento, los militares reportaron que estaban en combate con un grupo armado organizado residual; mientras el teniente coronel Cadena Bautista dirigía la acción armada desde el complejo militar Santana, en Puerto Asís (Putumayo).
Producto de esa intervención murieron un gobernador indígena, el presidente de la Junta de Acción Comunal del caserío, un menor de edad y ocho personas más, que permanecían en estado de indefensión. Adicionalmente, quedaron heridos cinco civiles, entre ellos una adolescente embaraza que dormía en su vivienda.
En ese sentido, la Fiscalía imputó a los 24 integrantes del Ejército Nacional los delitos de homicidio en personas protegida y homicidio en persona protegida tentado. Los cargos no fueron aceptados.
Además de los oficiales y los suboficiales, a los soldados profesionales vinculados son: Dairo José Arboleda Toro, Edisson Javier Estaban Aguiar, José Efraín Letamo Yalanda, Santander Licona Ramos, Wilmer Mosquera Poscué, Luis Ángel Núñez Peña, Danilo Quintero Urrea, José Alexander Villa Ciro, Financio Noé Anama Escobar, Maycol Mauricio Abril Hernández, Yeisson David Becerra Gutiérrez, Robinson Beleño Herrera, Franky Fabián Hoyos Pérez, John Fredy Hoyos Quiñones, Carlos Alberto Perdomo Romero, Jeisson Rico Soto y Jeisson Rivera Holguín.
