El senador conocido popularmente como ‘Elefante blanco’, Luis Carlos Rúa, radicó ante el Congreso de la República un proyecto de ley con el que busca transformar el modelo de instalación, funcionamiento y cobro de peajes en Colombia. La propuesta legislativa reabre un debate entre las demandas sociales de las comunidades aledañas a los corredores viales y la sostenibilidad financiera de la infraestructura del país.
El articulado presentado por el parlamentario se estructura sobre cuatro pilares fundamentales: la fijación de distancias mínimas entre casetas, la institucionalización de tarifas diferenciales para usuarios frecuentes, la creación de un inventario nacional unificado y la reestructuración del manejo presupuestal del Instituto Nacional de Vías (Invías).
Regulación de distancias, inventario unificado y fondos de mantenimiento
Una de las normas centrales del proyecto se enfoca en eliminar la alta densidad de casetas de cobro que actualmente registran varias regiones del territorio nacional. La iniciativa contempla estipular que la distancia mínima entre peajes no pueda ser inferior a 150 kilómetros.
Al respecto, el senador Luis Carlos Rúa fundamentó ante la prensa la necesidad de imponer límites jurídicos claros: “La idea es que los peajes no puedan estar a una distancia mínima diferente a 150 kilómetros, porque es que como lo vemos en el caso de Antioquia, hay un peaje que está a 1,5 kilómetros de otro porque actualmente no hay regulación, entonces hay que ponerle una regulación a eso”, declaró el congresista.
Sumado a la distancia geométrica, la iniciativa exige la consolidación de un inventario nacional de peajes. De acuerdo con Rúa, la fragmentación administrativa actual impide conocer con certeza el universo total de casetas y las entidades públicas o privadas a cargo. Disponer de datos claros resulta determinante al momento de proyectar nuevas estaciones de pago, asegurando un emplazamiento geográfico equitativo.
En el aspecto presupuestal, el proyecto plantea un cambio directo para las casetas administradas o revertidas al Invías. La propuesta establece que los recaudos de estas estaciones no ingresen a las arcas generales de la Nación, sino que sean gestionados a través de un fondo independiente exclusivo administrado únicamente por dicha entidad. Según explicó el legislador, actualmente “cuando los peajes pasan a Invías, pasan a una entidad donde los presupuestos de Invías se van directamente hacia la Nación y luego vuelve solo una parte para el mantenimiento de las vías”. La creación del fondo garantizaría contar con los recursos requeridos para la conservación del corredor vial.
Cobros diferenciados e inflexibilidad del Gobierno Nacional
El segundo gran eje del proyecto aborda el impacto socioeconómico que genera el pago cotidiano de peajes en la ciudadanía. La iniciativa legislativa pretende reglamentar esquemas de tarifas diferenciales para pobladores que, por motivos laborales o de atención en salud, deben transitar recurrentemente por estas casetas.
«Eso no tiene sentido. Entonces, hay que generar una regulación a las tarifas diferenciales para las comunidades que se están viendo afectadas», afirmó el senador Luis Carlos Rúa, al señalar la elevada carga económica que enfrentan quienes residen cerca de las estaciones de cobro.
Sin embargo, las pretensiones de reducir la presión tarifaria chocaron con la posición del Ministerio de Transporte. En entrevista con Red+ Noticias, la titular de la cartera, Elsa Noguera, representante del Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, descartó cualquier tipo de reducción sustancial en los valores vigentes.
La ministra advirtió que disminuciones pronunciadas desfinanciarían el mantenimiento preventivo y correctivo de las carreteras nacionales. “Desde ya anunciamos que no se tomarán decisiones populistas que se disfracen de sociales. Bajar un peaje de 12.000 pesos a 800 pesos es claramente dejar desfinanciada la infraestructura de mantenimiento”, puntualizó Noguera, subrayando que cualquier ajuste contractual o tarifario deberá analizarse bajo estrictos criterios de viabilidad financiera de las concesiones.
Antecedentes regionales: la gestión previa en el Eje Cafetero
El contrapunteo entre la postura del actual Gobierno y las propuestas de flexibilización revive medidas adoptadas en periodos anteriores. Durante la administración del expresidente Gustavo Petro, la entonces ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, firmó una resolución que autorizó precios reducidos y diferenciales en cinco estaciones de la concesión Autopistas del Café, situadas en el Eje Cafetero.
En aquel momento, la exfuncionaria destacó que la determinación obedeció a consensos logrados con gremios de transporte, comunidades locales y el sector turístico. “Hoy le cumplimos al Eje Cafetero. Esta resolución es el resultado de escuchar a las comunidades, a los transportadores, a los gremios, al sector turístico y a todos los actores que participaron de este proceso. Construimos una medida con respaldo técnico, financiero y jurídico, pero, sobre todo, con la voz de la región como principal insumo para tomar esta decisión”, sostuvo María Fernanda Rojas al hacer oficial la resolución.
Con el inicio del trámite parlamentario del proyecto radicado por Luis Carlos Rúa, el Congreso de la República se convertirá en el escenario de discusión donde se confrontarán la sostenibilidad de las concesiones viales y las peticiones de alivio económico para los usuarios.
