En una operación judicial desarrollada en la ciudad de Barranquilla, unidades de la Policía Nacional hicieron efectiva la orden de captura en contra del exgobernador del departamento archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Everth Julio Hawkins Sjorgreen. El exmandatario departamental es requerido por las autoridades debido a su presunta vinculación con una red dedicada a la realización de extorsiones y a un caso de secuestro que tuvo como víctimas a contratistas vinculados a la propia administración insular.
La detención, ejecutada en cumplimiento de un mandato judicial vigente, representa uno de los acontecimientos judiciales más significativos del año para la región caribeña y el archipiélago. La investigación, liderada por la Fiscalía General de la Nación, busca esclarecer el alcance de las actuaciones irregulares en las que habría participado el exgobernador durante o después de su periodo al frente del ejecutivo departamental.
Nexos con estructuras criminales y cobros millonarios
Según el material probatorio y la información oficial revelada por el ente acusador, Hawkins Sjorgreen habría recurrido a integrantes de la estructura delincuencial conocida como ‘Las Salsas Mexicanas’ con el fin de ejercer actos de intimidación contra diversos ciudadanos y exigirles elevadas sumas de dinero. Las indagaciones adelantadas por los investigadores judiciales señalan que el propósito fundamental de estas presiones era forzar el pago de cuotas económicas para permitir que los contratistas continuaran ejecutando sus actividades comerciales en la isla, bajo la amenaza constante de sufrir atentados o agresiones dirigidas contra ellos o sus núcleos familiares.
El impacto de estas revelaciones ha generado conmoción en la sociedad sanandresana, dado que los afectados en este entramado de exigencias ilegales eran personas encargadas de ejecutar contratos públicos con la propia Gobernación de San Andrés. Hasta la fecha, el equipo investigador de la Fiscalía ha documentado formalmente la existencia de dos víctimas dentro del expediente judicial. A través de los mecanismos de coerción atribuibles a la banda criminal implicada, se calcula que a estas dos personas les habrían exigido de manera conjunta una cifra cercana a los 3.000 millones de pesos.
Un caso de secuestro utilizado como mecanismo de presión
Dentro de los elementos materiales probatorios recopilados en la fase de indagación, los organismos de inteligencia y la policía judicial identificaron un episodio de particular gravedad que agrava la situación legal del exmandatario. Se trata de la retención ilegal de la cual fue víctima una mujer allegada a uno de los contratistas presionados. De acuerdo con las conclusiones del ente investigador, la retención de la familiar de la víctima se habría instrumentalizado como un mecanismo directo de coacción para obligar al desembolso inmediato del dinero exigido por la red de extorsión.
Este suceso en específico constituye la base fáctica con la cual las autoridades sustentan la acusación por el delito de secuestro extorsivo, considerado una de las conductas punibles más gravosas dentro del ordenamiento jurídico del país. La suma de estos hallazgos permitió a los fiscales del caso sustentar ante un juez la necesidad de emitir la orden de aprehensión que se materializó en las últimas horas en la capital del Atlántico.
Audiencias preliminares y cargos que enfrentará ante la justicia
Tras hacerse efectiva su aprehensión, Everth Julio Hawkins Sjorgreen fue puesto a disposición de las autoridades competentes para dar inicio a las diligencias judiciales correspondientes. La Fiscalía General de la Nación confirmó que el caso estará a cargo de una fiscal especializada del Gaula, adscrita a la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, quien será la encargada de presentar formalmente al imputado ante un juez de control de garantías.
En el desarrollo de las audiencias preliminares —que comprenden la legalización de la captura, la formulación de la imputación y la solicitud de medida de aseguramiento—, el ente acusador imputará al exgobernador los delitos de extorsión agravada y secuestro extorsivo. Ambas conductas delictivas contemplan severas penas privativas de la libertad en la legislación penal colombiana debido a la afectación del patrimonio, la autonomía y la libertad personal.
Las autoridades judiciales indicaron que el proceso se encuentra en su fase inicial y que corresponderá a los jueces determinar la responsabilidad penal del exgobernador conforme se presenten los argumentos y las pruebas en el juicio. No obstante, los avances presentados por la Fiscalía ponen de manifiesto un complejo entramado de presunta corrupción y criminalidad organizada que golpea las instituciones del departamento insular. En los próximos días se prevé que se revelen nuevos detalles sobre la evidencia física y los testimonios recopilados por los investigadores durante las diligencias públicas programadas.
