La controversia sobre el uso adecuado de los recursos públicos volvió al centro del debate político en Colombia. Un video difundido en redes sociales generó la rápida reacción de las autoridades tras denunciarse que el senador Alex Flórez, integrante del Pacto Histórico, habría utilizado a miembros de su esquema de protección oficial para transportar sus compras personales en un reconocido supermercado.
El hecho fue dado a conocer públicamente la mañana del martes 20 de octubre de 2026 por Julián Zamudio, ciudadano identificado en la red social X como militante del partido de oposición Salvación Nacional. Según la información expuesta por el denunciante, los hechos habrían ocurrido la noche del lunes 19 de octubre de 2026 en un establecimiento de la cadena Éxito. En el material audiovisual se observa a dos escoltas de la Unidad Nacional de Protección (UNP) llevando dos carritos de mercado para el congresista, en momentos en que la corporación legislativa adelantaba sesiones de debate sobre el presupuesto general hasta altas horas de la madrugada.
A pesar de la difusión reciente por parte del militante político, en las mismas plataformas digitales varios usuarios indicaron que las imágenes corresponden a una grabación divulgada originalmente en el año 2022 por el portal Ruta Noticias y replicada en su momento por otros perfiles de la red.
La respuesta institucional y las acciones sancionatorias
Ante la repercusión de las imágenes, la Unidad Nacional de Protección (UNP) emitió un pronunciamiento oficial a través de sus canales digitales para sentar su posición institucional. La entidad enfatizó que “los recursos del Estado se respetan” y que los esquemas de seguridad son financiados con fondos públicos para cumplimentar un compromiso de protección a la vida.
De igual manera, la UNP anunció la apertura de un proceso administrativo sancionatorio contra el beneficiario del esquema de protección. La entidad confirmó que notificará formalmente a la empresa contratista encargada de los escoltas para que aplique las medidas disciplinarias pertinentes sobre el personal involucrado. En el marco de la denuncia pública, el ciudadano Julián Zamudio hizo un llamado al mandatario Abelardo de la Espriella para revisar la manera en que los legisladores hacen uso de sus esquemas asignados.
El escenario judicial por presunta violencia intrafamiliar
La controversia por el uso de los esquemas de protección se suma a la situación legal que afronta el senador ante la justicia ordinaria. A mediados de septiembre de 2026, la Corte Suprema de Justicia formuló acusación formal contra el parlamentario por el delito de violencia intrafamiliar agravada en perjuicio de su expareja, Johanna Peláez Botero.
El expediente, llevado a cabo por la Sala Especial de Instrucción tras una investigación iniciada en julio de 2024, contempla presuntas agresiones verbales y físicas ocurridas entre los años 2020 y 2021, periodo en el que Flórez se desempeñaba como concejal de la ciudad de Medellín. Las pruebas acumuladas por el magistrado Marco Antonio Rueda incluyen dictámenes de entidades de salud con notas de “sospecha de maltrato físico” y un reporte médico de EPS Sura por traumatismo superficial en el oído a causa de golpes. Según las denuncias registradas, las agresiones habrían sucedido luego de que la mujer se negara a realizar un aborto.
Aunque en marzo de 2025 Peláez negó públicamente la ocurrencia de las agresiones y ambos publicaron un comunicado conjunto aludiendo a una buena relación por el bienestar de su hijo en común, el alto tribunal determinó la existencia de méritos suficientes para continuar el trámite penal. Adicionalmente, investigaciones periodísticas publicadas en 2025 por el medio Desigual, dirigido por el periodista Alejandro Villanueva, revelaron conversaciones de WhatsApp con supuestas intimidaciones y presiones para la firma de declaraciones desmintiendo los hechos.
El congresista ha calificado el proceso de injusto, afirmando que mantendrá la defensa de su dignidad y la de su familia. De no prosperar el recurso de reposición presentado por su defensa, el caso pasará a la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia para la realización del juicio formal.
