La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia dictó una medida preventiva contra la congresista Martha Peralta, ordenando su reclusión durante el fin de semana en las instalaciones de la Dijín en Bogotá. Esta determinación se adoptó en medio del desarrollo de su diligencia de indagatoria, la cual no pudo concluir el viernes y deberá reanudarse al inicio de la próxima semana. La medida generó un alto impacto, especialmente por el momento político en que se produce.
La senadora es vinculada formalmente a una línea de investigación relacionada con el entramado de corrupción detectado en el interior de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La decisión judicial busca asegurar que la aforada asista y comparezca a las próximas sesiones de interrogatorio programadas por el alto tribunal, impidiendo cualquier contratiempo procesal que altere el cronograma judicial establecido.
Fundamentos jurídicos y riesgo de evasión
La orden de traslado y reclusión temporal fue emitida por la magistrada Cristina Lombana, de la Sala de Instrucción. De acuerdo con fuentes judiciales, el despacho evaluó inicialmente la posibilidad de otorgar una detención domiciliaria a la parlamentaria durante las declaraciones. Sin embargo, el tribunal resolvió enviarla a un centro policial preventivo tras considerar la existencia de un posible riesgo de evasión que podría entorpecer el proceso.
La diligencia con la senadora comenzó el pasado jueves 18 de junio y continuó durante la jornada del viernes 19 de junio de 2026. A pesar de las extensas sesiones de interrogatorio y de la revisión de elementos materiales probatorios, el tiempo resultó insuficiente para agotar el cuestionario de la magistrada instructora, lo que obligó a suspender la sesión. La Corte Suprema determinó que la indagatoria se retomará formalmente el lunes 22 de junio, fecha clave debido a que coincide con el día posterior a la celebración de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.
Este traslado busca garantizar la custodia de la congresista durante los días de descanso judicial y electoral, evitando que factores externos alteren su disponibilidad ante los magistrados de la Corte. La rigidez de la medida subraya la gravedad de las conductas punibles imputadas y la necesidad de la justicia de blindar el caso de cualquier intento de dilatación procesal.
El expediente de la UNGRD y los desvíos en La Guajira
Las pesquisas contra la congresista se centran en la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias y cohecho impropio. La investigación penal cobró un impulso definitivo luego de las declaraciones entregadas a la justicia por el exdirector de la UNGRD, Olmedo López. El exfuncionario salpicó a la senadora en sus testimonios, señalando su presunta participación en el direccionamiento irregular de contratos estatales orientados a la adquisición de maquinaria amarilla en La Guajira.
Según los elementos recolectados en el expediente de la Sala de Instrucción, se sospecha que los recursos públicos asignados originalmente a la atención de emergencias climáticas fueron desviados. El objetivo de estas maniobras contractuales era favorecer apoyos políticos clave dentro del Congreso para respaldar diversas iniciativas legislativas del sector oficialismo. Las autoridades buscan establecer el nivel de injerencia que tuvo la parlamentaria en la selección de los contratistas y si recibió algún tipo de contraprestación por su intermediación ante los directivos de la entidad de gestión del riesgo.
El caso de la maquinaria amarilla en La Guajira se convirtió en uno de los ejes centrales de la compleja investigación sobre la UNGRD, debido al alto volumen de recursos económicos comprometidos y al impacto social negativo, donde las obras presentaban severas inconsistencias.
Recursos de la defensa y controversia política
Tan pronto como se hizo pública la orden de reclusión en las instalaciones policiales, el equipo jurídico de la congresista reaccionó interponiendo recursos legales. Los abogados radicaron una acción de hábeas corpus, argumentando que la privación de la libertad ordenada por la magistrada instructora carece de una justificación legal sólida para sustentar el confinamiento en un centro policial. Este recurso constitucional fue asignado para su estudio a un juez de familia de la ciudad de Bogotá, quien tendrá la responsabilidad de definir si la permanencia en la Dijín se ajusta a las normas vigentes.
Por su parte, la parlamentaria fijó una postura clara antes del inicio de las sesiones en el Palacio de Justicia. Manifestó su rechazo a las medidas tomadas y aseguró estar libre de culpa. “Estoy tranquila, y no es casualidad que esto haya pasado días antes de las elecciones presidenciales. Aquí vine a defenderme y demostrar la verdad”, enfatizó la congresista ante los medios. La senadora reiteró que las acciones configuran una persecución política motivada por su respaldo al oficialismo, sugiriendo que la indagatoria en la víspera electoral busca afectar su reputación. La atención del país permanece fija en la resolución del hábeas corpus y la reanudación del proceso el próximo lunes.
