La Fiscalía General de la Nación vive una de sus jornadas más complejas en el ámbito judicial de Colombia. En el marco de la investigación por la prueba de polígrafo practicada a la exniñera Marelbys Meza, la defensa de Laura Sarabia —encabezada por el exfiscal Mario Iguarán— ha ratificado formalmente que la exfuncionaria no aceptará ningún tipo de imputación de cargos ni buscará un acuerdo de negociación con el ente acusador.
Esta postura institucional consolida un enfrentamiento técnico y legal entre la Fiscalía y el equipo jurídico de Sarabia, en un proceso de alto impacto político y mediático que evalúa presuntas irregularidades en el uso de los recursos de seguridad de la Policía y la Presidencia de la República.
Nuevos cargos en la lupa procesal
La investigación penal se centró originariamente en dos tipologías delictivas concretas: el abuso de función pública y el constreñimiento legal. La hipótesis acusatoria señala que Laura Sarabia habría presuntamente apelado a su posición de poder dentro de la estructura estatal para forzar la realización del procedimiento de polígrafo a una particular. Asimismo, la tipificación del constreñimiento responde a la versión de Marelbys Meza, quien en sus declaraciones testimoniales ha manifestado reiteradamente que la prueba no se realizó bajo el parámetro de la voluntariedad.
No obstante, el escenario de cargos se ha complejizado en las últimas horas. Una fiscal del caso se encuentra evaluando la adición del delito de peculado por uso. Este tipo penal castiga la utilización no autorizada ni justificada de bienes e insumos pertenecientes a la Policía Nacional y a entidades estatales para asuntos de carácter puramente particular.
Ante la perspectiva de este nuevo cargo, los defensores de Laura Sarabia han dejado ver su hoja de ruta procesal: de materializarse la imputación por peculado por uso, la defensa emprenderá acciones legales contra terceros que hayan intervenido en los protocolos o en la autorización material de los equipos, descargando la responsabilidad operativa del procedimiento.
El debate institucional sobre el uso de recursos públicos
Más allá del ámbito estrictamente penal, este expediente judicial ha reabierto un álgido debate constitucional en torno al uso de la infraestructura de seguridad gubernamental. Diversos sectores del gremio del derecho en Colombia cuestionan los criterios aplicados por la Fiscalía al momento de calificar la práctica de pruebas de polígrafo por parte de altos dignatarios.
El jurista y abogado Ramiro Bejarano elevó formalmente un derecho de petición ante el ente acusador para exigir claridad teórica y práctica en este caso. La solicitud plantea un interrogante central: ¿por qué la utilización de equipos de polígrafo estatales configura el delito de peculado en las actuaciones referidas a Laura Sarabia, mientras que en situaciones similares presentadas durante administraciones pasadas —incluidas aquellas que involucraron a personal cercano a la exvicepresidenta Marta Lucía Ramírez— no derivaron en reproches penales idénticos?
Con esta controversia de fondo, la audiencia pública marcará el inicio formal del juicio técnico. La Fiscalía General de la Nación intentará sostener la solidez de sus acusaciones, mientras que la estrategia de Mario Iguarán buscará desmantelar las imputaciones iniciales y la eventual adición de delitos, manteniendo la premisa de la inocencia de Laura Sarabia.
