La situación de emergencia social y económica en el departamento de Risaralda continúa generando profunda preocupación entre las autoridades locales y regionales. De acuerdo con las estimaciones oficiales, al menos 6.000 familias damnificadas estarían por fuera del registro oficial, una problemática que se concentra de manera prioritaria en el municipio de Dosquebradas. Esta exclusión temporal mantiene en vilo a miles de hogares, quienes temen quedarse por fuera de los programas estatales de ayudas económicas y de los ambiciosos planes de reconstrucción de infraestructura afectados por el sismo.
Las divergencias numéricas entre los censos locales y las bases de datos centralizadas son el principal motor de la discordia. Mientras que los informes preliminares y detallados del Puesto de Mando Unificado (PMU) señalan que existen entre 11.000 y 12.000 familias afectadas, la base oficial del Registro Único de Damnificados (RUD) reporta menos de 8.000 hogares inscritos. Ante esta marcada brecha estadística, el gobernador de Risaralda, Juan Diego Patiño Ochoa, en plena coordinación con el alcalde de Dosquebradas, Roberto Jiménez Naranjo, siguen solicitando de manera formal al Gobierno Nacional que habilite una tercera etapa de inscripción. Dicha fase extraordinaria permitiría revisar los casos pendientes e incorporar debidamente a aquellos residentes que no lograron registrarse durante las primeras etapas.
Gestión de recursos y el embudo administrativo
Paralelamente a la exigencia de una nueva apertura de registros, el mandatario departamental encabeza diversas gestiones orientadas a acelerar el desembolso de los recursos económicos destinados a las familias que ya se encuentran formalmente registradas como beneficiarias. Según la información suministrada por la Gobernación, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) manifestó su intención de tramitar por medio de una sola resolución los presupuestos necesarios para completar el primer ciclo de ayudas, facilitando así el paso hacia los subsiguientes ciclos de apoyos económicos.
“Esa es una tarea que llevamos haciendo ya varias semanas, esperando que la unidad pueda girarle al FIC para la dispersión de los recursos, para entregar a las personas beneficiarias de este recurso que el Gobierno Nacional entrega”, expresó el gobernador Juan Diego Patiño.
No obstante el esfuerzo institucional, los datos estadísticos con corte al pasado 9 de octubre reflejan un panorama mixto en la región: se reportaron 13.403 giros programados en todo Risaralda, los cuales suman aproximadamente $13.599 millones de pesos. De ese total de transferencias monetarias, 9.975 subsidios ya habían sido cobrados por los ciudadanos, mientras que otros 3.423 giros equivalentes a cerca de $3.473 millones continuaban pendientes de reclamación en las entidades financieras autorizadas.
Para comprender la complejidad operativa de estas ayudas, Diana Carolina Ramírez, coordinadora departamental de Gestión del Riesgo, detalló minuciosamente el protocolo administrativo y los filtros técnicos exigidos por el Gobierno Nacional para ejecutar los desembolsos:
- La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo envía las bases de datos definitivas a cada uno de los municipios, aplicando los filtros institucionales correspondientes.
- Las administraciones municipales consolidan los listados de las familias basándose estrictamente en el cumplimiento de los requisitos exigidos para recibir el apoyo económico.
- Se diligencian dos formatos oficiales que se remiten de nuevo a la entidad nacional con la relación detallada de los hogares seleccionados.
- La UNGRD realiza validaciones adicionales de seguridad y, una vez aprobadas, remite la autorización oficial al departamento de Risaralda.
- Finalmente, el departamento ejecuta el trámite logístico requerido con el operador Super Giros para materializar la dispersión del dinero a los beneficiarios.
Retos financieros y hoja de ruta para la recuperación
La prioridad absoluta de la administración departamental es garantizar que aquellos núcleos familiares excluidos del RUD tengan una oportunidad real en una nueva jornada de inscripción. Simultáneamente, se busca dinamizar la entrega de subsidios vigentes para mitigar las condiciones de vulnerabilidad en las zonas urbanas y rurales impactadas.
Por ahora, tanto la autorización de una tercera etapa de inscripción como la agilización de los nuevos desembolsos monetarios continúan estrictamente sujetos a las determinaciones y procedimientos burocráticos de la UNGRD. Las autoridades locales reiteran su llamado a la paciencia y a la articulación interinstitucional para evitar que la crisis social se profundice, mientras la región Eje Cafetero avanza en la estructuración de soluciones habitacionales y de recuperación integral a mediano y largo plazo.
