El presidente Donald Trump y sus asesores facilitaron la salida y el traslado del senador ultraderechista Flávio Bolsonaro hacia Estados Unidos, de acuerdo con una investigación publicada por el diario The New York Times. El político brasileño abandonó su país en medio de delicadas investigaciones judiciales por corrupción, blanqueo de capitales y evasión de divisas.
La información recabada por el medio estadounidense detalla que Bolsonaro se encuentra actualmente instalado en Miami, Florida, bajo un estatus migratorio temporal otorgado directamente por orden del mandatario norteamericano. Asimismo, fuentes gubernamentales señalaron que se proyecta tramitar de forma acelerada su residencia permanente, un procedimiento similar al recibido previamente por su hermano Eduardo Bolsonaro.
Logística internacional y fuga coordinada
El informe periodístico revela que el avión privado utilizado para concretar el traslado de la familia Bolsonaro fue gestionado por Jason Miller, un funcionario de comunicaciones de la Casa Blanca. El viaje se originó tras cruzar la frontera desde Brasil hacia Argentina, con el apoyo adicional del Gobierno de Javier Milei, y comprendió escalas en Puerto Iguazú y Guayaquil (Ecuador) antes de aterrizar en territorio estadounidense.
A su llegada a Miami, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmó que el senador y sus familiares fueron recibidos e inspeccionados por agentes de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) para posteriormente quedar en libertad. Registros públicos sugieren que Bolsonaro presentó un pasaporte diplomático que ya se encontraba cancelado, evadiendo de este modo las medidas restrictivas impuestas por la justicia de su país.
La huida se produjo apenas 48 horas después de la derrota electoral de la ultraderecha frente a Luiz Inácio Lula da Silva en el balotaje. Ante el riesgo de fuga, el juez Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, había ordenado la requisa de sus pasaportes y la prohibición de salir del territorio nacional, debido a las indagatorias en su contra por presunto financiamiento ilegal, blanqueo y lavado de dinero.
«Se espera que Bolsonaro solicite en algún momento un estatus de residente permanente en Estados Unidos, conocido como tarjeta verde, un trámite que será procesado rápidamente», indicaron fuentes oficiales a la prensa.
Repercusiones judiciales y tensión diplomática
La presunta complicidad institucional en este episodio generó repercusiones inmediatas en el ámbito político internacional. En Argentina, un juzgado federal de Buenos Aires y otro de Misiones solicitaron los registros de las cámaras de seguridad y los informes del aeropuerto de Puerto Iguazú.
Esta medida responde a dos denuncias penales presentadas por legisladores locales, quienes acusan al Ejecutivo argentino de incurrir en encubrimiento agravado, abuso de autoridad y malversación de fondos públicos al permitir el paso fronterizo irregular del senador brasileño. Por su parte, la diputada opositora Marcela Pagano amplió las acciones legales presentando cargos directamente en la justicia brasileña, con el fin de esclarecer el nivel de participación y el tráfico de influencias gubernamentales en el operativo.
Mientras tanto, el clan Bolsonaro enfrenta múltiples frentes judiciales en Brasil. El exmandatario Jair Bolsonaro cumple arresto domiciliario tras ser condenado a 27 años de prisión por conspiración e intento de golpe de Estado, y sus otros familiares directos —como Carlos y Jair Renan— acumulan investigaciones federales por espionaje ilegal y falsedad documental. La administración de Donald Trump y el sector liderado por Javier Milei continúan distanciándose del reconocimiento formal de los resultados democráticos en Brasil, enmarcando estos sucesos en una disputa ideológica regional que mantiene la tensión diplomática en América Latina.
