Las denuncias sobre una supuesta red de mujeres jóvenes contratistas en el gobierno de Gustavo Petro han dado un giro definitivo tras la apertura formal de una indagación por parte de la Fiscalía General de la Nación. El caso, que ha acaparado la atención de la opinión pública, involucra graves señalamientos sobre prácticas de abuso de poder y condicionamientos laborales en la Casa de Nariño.
Las revelaciones iniciales surgieron de las declaraciones entregadas por el director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Carlos Ríos, ante la Comisión Segunda del Senado durante un debate de control político. En dicha sesión, el funcionario aseguró que el anterior gobierno contaba con una red de 48 mujeres que habrían sido instrumentalizadas mediante órdenes de prestación de servicios (OPS) y condicionadas para participar en reuniones y eventos oficiales.
Testimonios y pruebas clave en la investigación
El escándalo escaló luego de que Deyci Jiménez, una joven de 26 años, ofreciera una entrevista exclusiva en la que detalló los presuntos condicionamientos de carácter íntimo a cambio de vínculos contractuales con el Estado. Según su testimonio, el entonces mandatario Gustavo Petro habría utilizado su cargo y su influencia para beneficiarse personalmente a través de contratos estatales otorgados a mujeres jóvenes.
Jiménez respaldó sus acusaciones con diversos elementos probatorios, que incluyen pantallazos de conversaciones en redes sociales, fotografías, audios y copias de los contratos obtenidos durante ese periodo. Ante la gravedad de los hechos, la Fiscalía General de la Nación asumió el caso a través de una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, la cual contará con el apoyo de un equipo técnico especializado para esclarecer la llamada noticia criminal relacionada con las irregularidades administrativas en el Dapre y otras entidades públicas.
Citaciones y competencias de las autoridades judiciales
Para avanzar en las pesquisas, el ente acusador ordenó la citación formal a entrevista de las exdirectoras del Dapre, Angie Rodríguez y Laura Sarabia, con el propósito de que aporten información sobre los manejos de la contratación y las denuncias conocidas recientemente.
Por otro lado, la Fiscalía precisó los límites de competencia en el proceso: cualquier posible responsabilidad directa del expresidente Gustavo Petro en los denominados “sexo contratos” deberá ser evaluada por la Corte Suprema de Justicia, en lo referente a las actuaciones de su etapa como senador, y por la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, en lo correspondiente a su gestión como jefe de Estado. Mientras las investigaciones avanzan, las autoridades analizan la implementación de esquemas de protección para los testigos, en medio de un clima de alta tensión política en el país.
