Una marcada contradicción pública se generó entre la Fiscalía General de la Nación y la defensa técnica de la exconsejera presidencial Eva Ferrer, tras culminar la segunda sesión de su declaración juramentada. La diligencia judicial busca esclarecer los graves señalamientos vertidos contra Verónica Alcocer, exesposa del expresidente Gustavo Petro. Mientras fuentes del ente investigador aseguran formalmente que la exfuncionaria aún no ha aportado evidencias físicas, su apoderado penalista, Jhony Batalla, sostiene categóricamente lo contrario.
El desencuentro institucional y legal se produjo justo después de finalizar la sesión de este viernes 23 de octubre de 2026, la cual se llevó a cabo mediante la modalidad virtual desde España. La citación se extendió desde las 8:00 de la mañana hasta el mediodía ante el despacho de la Fiscalía 76 de la Dirección Especializada contra la Corrupción. No obstante, el trámite finalizó antes de lo previsto originalmente debido a que la propia Eva Ferrer solicitó la suspensión temporal de la jornada tras manifestar un cuadro de agotamiento físico. Ante dicha solicitud, el despacho judicial fijó la reanudación de la audiencia para el próximo 2 de noviembre a las 8:00 de la mañana.
Las discrepancias sobre el material probatorio aportado
El punto central de la divergencia radica en el contenido real de lo entregado durante las sesiones del interrogatorio. Según informaron fuentes internas del organismo de control penal, Eva Ferrer ha centrado su intervención de forma exclusiva en la reconstrucción verbal de su relato sobre los hechos. Las mismas fuentes del ente acusador precisaron que, durante la sesión del viernes, la declarante afirmó que entregaría las evidencias al término de su testimonio completo. Incluso, desde la entidad se indicó que tanto la exconsejera como su abogado manifestaron que, por el momento, no aportarían documentación ni elementos sobre temas específicos como aviones, viajes, armas y dinero.
Por el contrario, el abogado Jhony Batalla ofreció una versión diametralmente opuesta ante los medios de comunicación. El penalista aseveró que su representada sí ha suministrado elementos materiales probatorios, entre los cuales se encuentran documentos escritos y registros magnéticos. Entre las piezas mencionadas por la defensa figura un archivo de audio que, según la tesis de la exfuncionaria, demostraría presuntamente el pago de una obligación financiera de carácter personal utilizando para ello recursos públicos del Estado.
A estas afirmaciones se suman las declaraciones entregadas previamente por el jurista en una entrevista concedida a la cadena NTN24. En dicho espacio radial y televisivo, el defensor se refirió a la existencia de un conjunto de fotografías y grabaciones de voz adicionales. Sobre las imágenes fotográficas, el abogado defensor argumentó que estas “corroboran a nivel de suficiencia que su dicho no es un dicho mentiroso”, respaldando así la veracidad de los testimonios brindados por la ciudadana española ante la justicia colombiana.
Escenario internacional y el alcance de las acusaciones
El alcance del litigio jurídico no se limitará únicamente al territorio nacional ni a los estrados de la justicia colombiana. El propio Jhony Batalla anunció que la exconsejera presidencial para la Niñez y la Adolescencia y alta consejera para la Reconciliación Nacional emprenderá un viaje a los Estados Unidos el próximo miércoles 28 de octubre. El objetivo de este desplazamiento a la ciudad de Washington es sostener reuniones oficiales con delegados del Departamento de Estado y agentes de la Administración de Control de Drogas (DEA), instancias internacionales ante las cuales radicará el expediente con el material que sustenta sus denuncias.
Las acusaciones que originaron el expediente penal se hicieron públicas inicialmente durante una entrevista concedida por Eva Ferrer al medio de comunicación Semana. En esa oportunidad, la exasesora sostuvo que la exprimera dama habría utilizado aviones oficiales para transportar sumas de dinero y sustancias ilícitas en el marco de viajes realizados hacia la República Bolivariana de Venezuela. Específicamente, aseveró que Verónica Alcocer habría ingresado al país una cantidad cercana a los 2,5 millones de dólares que tendrían un origen ligado al narcotráfico. En el mismo relato, la declarante salpicó a otras figuras del entorno político y personal, nombrando al excongresista Mario Fernández Alcocer, al senador Agmeth Escaf y a la particular Carolina Plata.
La estrategia de la defensa de Verónica Alcocer
Ante la gravedad de los señalamientos, la contraparte ha reaccionado mediante acciones legales y el aporte de contrapruebas. Verónica Alcocer rechazó de forma tajante cada uno de los cargos e interpuso un derecho de petición para indagar si formalmente cursa una investigación penal independiente en su contra. En su escrito, la exprimera dama aclaró que únicamente realizó dos desplazamientos oficiales a territorio venezolano durante el año 2023, y objetó que los cuestionamientos en su contra se fundamenten de manera exclusiva en testimonios de oídas referidos por terceros y no en hechos presenciados de primera mano por la denunciante.
En consonancia con esta postura, la representación legal de Alcocer radicó el pasado 20 de octubre un dosier probatorio buscando desmentir la versión de Ferrer sobre los sucesos del viaje oficial efectuado el 31 de enero de 2023. Por ahora, el fiscal delegado del caso, Raúl González, confirmó que no se tiene contemplada la citación a declaración de Verónica Alcocer, si bien el curso del proceso judicial podría modificar esta determinación en las próximas semanas.
